El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), doctor Gonzalo Carrión, calificó de irresponsable el discurso que el presidente inconstitucional Daniel Ortega pronunció el martes de esta semana ante una asamblea de militares, durante la celebración del 35 aniversario del Cuerpo Médico del Ejército.
En ese discurso Ortega atacó con dureza a quienes han denunciado los abusos policiales cometidos contra las personas acusadas por los ataques terroristas a caravanas de simpatizantes sandinistas, el pasado 19 de julio. Abusos que han sido extensivos a los familiares de los imputados.
“Les duele que estén capturados los criminales, ¡les duele! Quisieran que los criminales no estuviesen capturados”, espetó Ortega, y agregó que hay sectores “que se alegran cuando se producen crímenes horrendos como estos, y que los celebran, porque lo celebraron en las famosas redes, esas que hoy circulan… ¡lo celebraron!”
Ciertamente que fue irresponsable ese discurso de Daniel Ortega, como lo calificó el defensor de los derechos humanos, no solo porque son falsas sus acusaciones sino también por la audiencia ante la cual lo pronunció.
Al contrario de lo dicho por Ortega, la condena a los hechos sangrientos del 19 de julio fue unánime, como nunca antes había ocurrido en casos como este. Cuando las víctimas han sido opositores al gobierno de Daniel Ortega, como las no muy lejanas de El Carrizo y Ciudad Darío, el sector oficialista más bien las ha justificado o ha guardado un cómplice silencio. Sin embargo, en el caso de la masacre de simpatizantes del Gobierno el 19 de julio, todos los sectores políticos y sociales de la oposición y los pocos medios de comunicación independientes que quedan, unieron sus voces al oficialismo para repudiar el horrendo crimen y exigir justicia y aplicación de la ley a los culpables.
Lo que los sectores democráticos y los organismos que defienden los derechos humanos han denunciado, con todo derecho y razón, es la violación de las garantías y derechos constitucionales y legales de los presuntos autores de los atentados, de sus familiares y de otras personas que han sido arrastradas por la ola represiva. Lo que se exige es respeto al principio y normas del debido proceso; que no se encarcele y se haga desaparecer a nadie por el tiempo que sea; que no se detenga a ninguna persona ni se allanen domicilios sin orden judicial, a deshoras de la noche y con lujo de violencia; que las acusaciones de la Policía y la Fiscalía no sean basadas en soplonerías ni en autoincriminaciones de los reos obtenidas por medio de tormentos físicos ni psicológicos. En fin, que no se actúe por venganza del poder sino conforme a la ley y la justicia, como el mismo Daniel Ortega lo prometió el 20 de julio durante un oficio religioso en memoria de los asesinados.
Por otra parte, acusar falsamente y por algo tan grave a los sectores de oposición y de derechos humanos cuyos representantes son muy conocidos y están expuestos públicamente, como lo hizo Ortega en el acto del Ejército, es aún más irresponsable porque incita al odio de los militares contra los ciudadanos civiles indefensos.
Ortega está haciendo lo mismo que, según cuentan los historiadores, hacían los Somoza con los militares de la Guardia Nacional para inyectarles odio a la oposición, sobre todo a los militantes del Frente Sandinista que combatían a la dictadura con las armas en la mano.
