Génesis Hernández Núñez
Si una persona no discapacitada es abusada, luego de denunciar lo que pasó, su caso debe recorrer un largo camino para que se castigue al culpable, pero cuando esto le sucede a una persona con discapacidad ese camino se torna mucho más largo.
“Una persona sorda, con discapacidad intelectual o con síndrome de Down que es abusada sexualmente, muchas veces por su condición de discapacidad, el caso queda en la
impunidad porque no le garantizaron el intérprete, no habían las pruebas suficientes y hay desconfianza para creerle, todo queda en que llegaron a interponer el caso y no hay un proceso con equidad y justicia”, explicó Rosa Salgado, procuradora especial de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad.
Durante el foro sobre los delitos sexuales en personas con discapacidad, Marieliz Rodríguez, subdirectora del programa de aprendizaje familiar y comunitario de Los Pipitos, dijo que en el país no existen datos de esta situación porque “es un indicador no establecido y si la Policía no puso que la persona tiene discapacidad y pasa a la Fiscalía, el fiscal no se va a dar cuenta y como el fiscal tiene el primer acercamiento con ellos hasta que comienza una audiencia, ahí te ves en la penosa situación de que el chavalo no habla y esto es porque no se toma en cuenta toda la diversidad de personas en Nicaragua y como que las leyes deberían ir adecuándose a todas estas necesidades de las personas”.
Rodríguez agregó que la Policía, la Fiscalía y los Juzgados deberían contar con intérpretes para personas sordas y con pedagogos y psicólogos que traten las deficiencias intelectuales.
“Esto es duro porque si de diez casos más de la mitad (de los culpables) están prófugos, significa que no hay acceso a la justicia y todo el proceso que lleva es aún más tardado, pero si ya las instituciones estuvieran con sus normativas claras de qué van a hacer con personas con discapacidad que se presentan a denuncia, sería más fácil”, puntualizó Rodríguez.
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