Nicaragua enfrenta dos problemas fundamentales que están en la raíz de muchos otros: la inmoralidad generalizada, y la desintegración familiar. La mayoría de la población incurre cotidianamente en la deshonestidad. La mayoría falla también en formar hogares unidos y en dotar a la niñez de una paternidad responsable.
Con estos problemas en nuestras bases, es difícil edificar una sociedad que funcione bien en lo político y lo social. Cualquier avance en institucionalidad o gobernabilidad será frágil mientras subsistan. El problema es que cuando tratamos de indagar las formas de mejorar el comportamiento ético, o la estabilidad familiar, nos topamos con la falta de consenso sobre cómo lograrlo, producto a su vez de ciertas influencias ideológicas.
Tradicionalmente, en Occidente, le correspondió a la Iglesia católica la tarea de impartir educación moral. Comenzó por el mundo pagano, sujeto a Roma, y siguió con las tribus bárbaras. Luego, y en competencia con las iglesias protestantes que se le desgajaron, extendió su influencia al continente americano y a otras tierras. Apelando a la teología y la razón, misioneros, religiosos y pastores se esforzaron por inculcar los diez mandamientos y los rudimentos de la moral cristiana, con su particular énfasis en confinar la actividad sexual a la relación matrimonial.
Puede debatirse el grado de éxito que tuvo esta labor, pero no hay duda de que dejó una extraordinaria huella civilizadora en la cultura y vida de muchos pueblos. Con el advenimiento de las revoluciones liberales se buscó arrebatar a la Iglesia la función educativa y ponerla en manos de estados laicos. Fue lo que hizo Zelaya en Nicaragua tras su ascenso al poder en 1893. La idea era sustituir la enseñanza moral tradicional por una ética racionalista, sin bases teológicas.
Sin embargo, y a pesar de que se expulsó a Cristo de las aulas, muchos de los principios éticos de inspiración cristiana siguieron vigentes en el currículo y la mentalidad de los profesores. Aunque se legitimó el divorcio, el Estado todavía protegía la institución matrimonial tipificando las causales de disolución y obligando al cónyuge que la demandaba a probar la culpabilidad del otro. Aunque se promovió el libre pensamiento, se asumió que existía siempre una verdad, filosófica y moral, que podía ser descubierta por la sola razón.
Todo esto cambió con el auge del relativismo y la revolución sexual de los años sesenta. El primero propuso que lo que se entiende por bueno o malo depende del punto de vista de cada cual y que no puede hablarse de bienes o verdades universalmente válidas. La segunda, íntimamente unida a la anterior, proponía borrar la idea de que hay conductas sexualmente malas, inmorales o indebidas; nada, alegan sus proponentes, debe conceptuarse como malo mientras ocurra entre adultos que consienten libremente. Una de las consecuencias de esta mentalidad fue remover los obstáculos al divorcio, introduciendo, como hizo el gobierno sandinista en 1987, el divorcio unilateral que se concede a petición de parte y sin preguntar por qué.
El problema es que con estas premisas se vuelve prácticamente imposible la educación moral. Porque el punto de partida para actuar moralmente es poder distinguir lo bueno de lo malo. Mas como dijo Benedicto XVI: “Si no sabemos lo que es verdad, tampoco podemos saber lo que está bien”. También se vuelve imposible la educación para el matrimonio. Porque este requiere, para su unidad y permanencia, de parejas comprometidas a consagrar su sexualidad al ámbito exclusivo de la relación conyugal.
Sin confrontar al relativismo y la ausencia de brújulas morales será muy difícil dotar de bases sólidas a nuestra convivencia.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
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