Ante la falta de respuestas adecuadas de parte del Gobierno a los diversos problemas que hay en el país, representantes de diversos sectores políticos coinciden en el llamado a un gran diálogo nacional, que han realizado en reiteradas ocasiones los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), para buscar soluciones conjuntas a esos problemas.
Eduardo Montealegre, presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), dijo que como partido respaldan el llamado de los obispos, ya que es necesario un diálogo de todos los sectores políticos y sociales para que no se vuelva a “abrazar” la violencia como única alternativa para solucionar los problemas.
En el artículo 101 de la Constitución se lee que “los trabajadores y demás sectores productivos, tanto públicos como privados, tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado”.
Hasta ahora, el Gobierno solo se ha reunido con los sectores económicamente fuertes como el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).
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“Respaldamos la propuesta de la Conferencia Episcopal, de que debe haber un diálogo incluyente, porque la experiencia de 1975 y 1976 fue que cuando se cerraron los espacios políticos, cuando se dieron los fraudes electorales, la juventud en particular no vio otra alternativa y abrazaron la violencia y así fue como se fortaleció el Frente Sandinista (de entonces). El presidente (inconstitucional Daniel) Ortega debería ver que eso puede volver a pasar si se cierran los espacios cívicos”, advirtió Montealegre.
Para el jurista Julio Icaza Gallard, miembro del Movimiento por Nicaragua (MpN), el llamado reciente de monseñor René Sándigo a un diálogo urgente es oportuno, porque se están acumulando una serie de tensiones y posiblemente van a haber estallidos sociales.
“El Gobierno vive inmerso en una borrachera de poder, cree que todos vivimos felices y contentos, cuando es todo lo contrario, hay más problemas y se corre el riesgo que se produzcan estallidos de mayor violencia”, advirtió Icaza Gallard.
Los obispos sostuvieron un encuentro con Ortega el 21 de mayo y en un amplio documento plantearon los problemas que hay en el país, pero además propusieron un gran diálogo nacional y un cambio en el sistema electoral. Sin embargo, Ortega no respondió a ninguno de los planteamientos y su esposa Rosario Murillo se limitó a decir que conformarían unas comisiones para “informar” a los obispos del trabajo que realizan.
Para Ana Margarita Vijil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), no hay voluntad política de parte del Gobierno para sentarse a dialogar, aunque está claro que la situación del país es tan grave que amerita el esfuerzo concertado de todos.
María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), también lamentó por su parte que el Gobierno, después de dar un buen paso con la reunión con los obispos, no haya continuado el diálogo con todos los sectores.
“Todos debemos poner un granito de arena por la bien andanza del país, la situación cada día es más crítica”, opinó Osuna.
En el artículo 101 de la Constitución se lee que “los trabajadores y demás sectores productivos, tanto públicos como privados, tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado”. Hasta ahora, el Gobierno solo se ha reunido con los sectores económicamente fuertes como el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).
Ana Margarita Vijil, presidenta del MRS.
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