Álvaro Taboada T.
El drama del flujo migratorio ilegal de niños y jóvenes mesoamericanos hacia Estados Unidos se plantea (entre muchísimos hispanoamericanos allá asentados, y en nuestra región) exclusivamente desde la perspectiva del emigrante: unilateralidad nacida (encomiablemente en unos casos) de la compasión. En otras ocasiones existen motivaciones políticas: Atacar “al imperio”. Pero un tema tan complejo no se entenderá excluyendo del debate (y de las soluciones sugeridas) los legítimos intereses del país receptor.
Recientemente una presentadora de CNN-español se fruncía, horrorizada, porque una norteamericana dijo que este éxodo puede afectar la salud pública. Aunque duro, cierto. No es el centro del debate, pero indudablemente todo país corre peligros sanitarios por los influjos demográficos. (Argentina alertó ante posibles enfermedades al regresar sus “fans” del Mundial-Brasil-2004). Adicional y sesgadamente, esa presentadora y un especialista en migraciones hablaron de todo: ¡Hasta de la antigua, y re-muerta Guerra Fría como causa del éxodo mencionado! Pero jamás señalaron la irresponsabilidad paterno-maternal, una de las mayores causas del conmovedor problema.
Nótese que Estados Unidos ha acogido a más extranjeros que ningún país en la historia. Solo hoy alberga a más de 40 millones de nacionalizados y residentes y a más de 12 millones de inmigrantes ilegales. Ante este panorama cabe reiterar que todo sistema social tiene limitada capacidad de absorción: En su sistema escolar, de salud, infraestructuras urbanas, agua, energía, mercado laboral, en su capacidad para infundir sentido de pertenencia y lealtad hacia el país receptor. Esto toma tiempo. Cuando la lealtad al grupo étnico originario prevalece sobre la devoción a la nación receptora como proyecto histórico propio y común, el futuro de un país (que es mucho más que un codiciado destino laboral), se ensombrece. Por ello todo Estado tiene derecho soberano al control fronterizo e inmigratorio, según su interés nacional.
Hay que partir de estas premisas para buscar soluciones al agudo problema aquí señalado. Ningún Estado atractivo puede mantener indefinidamente políticas migratorias básicamente asistenciales. Todo Estado tiene como responsabilidad primaria velar por su propia población.
Bajo la emigración ilegal masiva (además de las causas sociales que la impulsan) opera una amplia infraestructura con múltiples elementos. Unos son genuinamente humanitarios. Otros son simplemente legales: Muchas organizaciones, (principalmente en Estados Unidos) y numerosos “humanitarios” abogados pro-inmigración irrestricta, encontraron en esto su modus vivendi en aquel país. Otros factores son ilegales: “Coyotes”; “narcos”; quienes ven en la inmigración descontrolada un instrumento contra “el imperialismo”; la policía de los países de tránsito, etc. (¿Es posible viajar en “La Bestia”, sufriendo gravísimos peligros, sin la complicidad de autoridades mexicanas? ¿O atravesar el río Suchiate, sin documentos, ante policías guatemaltecos y mexicanos?).
La solución a este calvario exige combinar acciones: Mejorar la seguridad fronteriza de los países involucrados para desincentivar los flujos; mejorar los índices económico-sociales, obligación primaria de los Estados demo-emisores; una reforma migratoria (difícil de lograr en breve por las posiciones partidarias en Estados Unidos), que regularice a quienes llenen las condiciones legales; el procesamiento expedito (para menores y adultos) para determinar quién queda y quién regresa. Se calcula que este proceso cuesta a Estados Unidos 42,000 dólares por niño o joven: $2,000 millones, y en ascenso. (Una ley humanitaria impulsada por el presidente Bush en 2008 prohíbe la deportación automática de inmigrantes ilegales capturados en la frontera, siempre que provengan de países no fronterizos con Estados Unidos). En suma, una solución real deberá incluir los intereses del país receptor, sin excluir consideraciones humanitarias claramente especificadas. El autor es Doctor (Ph.D) en Estudios Internacionales.
