Fernando Bárcenas
El pasado 7 de agosto corriente, la Policía presentó ante los medios de comunicación a ocho indiciados, como autores físicos e intelectuales del crimen atroz del pasado 19 de julio, que dejó un saldo de cinco personas muertas y veinticuatro heridos (quienes regresaban en una caravana de autobuses de la celebración orteguista del aniversario de la revolución de 1979). Otro indiciado, aparentemente originario de Yalí, señalado como coautor de los disparos en la emboscada de El Carmen, estaría aún prófugo.
La Policía imputa a los acusados los delitos de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, lesiones gravísimas, tenencia de armas prohibidas y daños a la propiedad.
Sin embargo, la población, en este caso, no solo juzga desde su propia óptica lo que la Policía muestra como resultado de sus investigaciones, sino, que juzga, también, el proceder de la Policía en esta investigación.
En palabras simples, la Policía ha perdido credibilidad profesional, desde que actúa como una institución partidaria. Peor aún, es vista con sospecha y temor, o sea, como una institución que actúa como cuerpo represivo de un régimen totalitario.
En realidad, nadie sabe si los indiciados sean, efectivamente, los conspiradores de la masacre o no. En este caso, nadie tiene, tampoco, la capacidad para descartar tal posibilidad.
El punto es que la Policía ha demostrado que no es un cuerpo imparcial, en grado de proteger, por igual, los derechos ciudadanos. No en balde se ha comprometido como cómplice de las agresiones criminales de las fuerzas orteguistas contra la población que reclama sus derechos.
En este caso, ha actuado como un cuerpo que goza de impunidad al violentar el debido proceso investigativo. Se ha arrogado patente de corso, aplastando el procedimiento legal que protege al ciudadano contra el abuso policial. Que no admite, bajo ninguna circunstancia, que el detenido pueda estar desaparecido (ni temporal ni, mucho menos, definitivamente).
Durante la conferencia de prensa, convocada por la Policía para presentar su labor investigativa, ha quedado a la vista que sus conclusiones la deriva de las “entrevistas” que tuvo con los indiciados. Para lo cual, gravó las “confesiones amistosas” de los acusados, y las presentó bajo la forma de vídeos ilustrativos de la conferencia misma, incluyendo una dramatización de los hechos en el sitio del crimen, como si se tratara de un libreto fílmico. Mientras los acusados, con semblante de rehenes cautivos (no de prisioneros preventivos), fueron presentados ante los periodistas sin la posibilidad de expresarse libremente con relación a los vídeos filmados en prisión (mientras los sospechosos estaban desaparecidos).
En un país en el que prevalece el estado de derecho, es prohibida la prueba ilícita. Por ello, todo sospechoso tiene el privilegio de guardar silencio, de no autoincriminarse, y de contar con la asesoría de un abogado durante su interrogatorio. La Policía, al momento de su captura, debe informarle de sus derechos. Y debe obtener pruebas científicas, de acuerdo con un sistema acusatorio penal que respete las garantías de los procesados y de las víctimas, para que prevalezca la justicia, conforme con un Estado democrático de derecho.
En este caso, por desgracia, el proceder ilícito de la Policía (incluidos los vídeos incriminatorios) descalifica todas las pruebas que presente ante la Fiscalía. De esta manera, la ciudadanía, en lugar de respirar con alivio, si los autores del crimen fueran legítimamente condenados, debe lamentar que la Policía haya convertido el crimen en un acto represivo a conveniencia del gobierno, bajo un sistema policial y judicial que es parte integral de un gobierno al margen de la legalidad.
Tampoco pudo la Policía dar una explicación, por medio de una inferencia lógica hacia atrás, del vínculo causal entre los hechos atribuidos a estos acusados y la acción de tirar piedras a los autobuses de los sandinistas acusados como cómplices de la tragedia.
La Policía no pudo ni quiso explicar la motivación del crimen antisandinista. Para ella, se trataría de una sangrienta conspiración virtual. Afirmó, candorosamente, que el crimen es una finalidad en sí mismo. Sin sospechar, siquiera, que desde el curso de la investigación, una policial profesional debe guiarse por el perfil de los criminales, basado en su motivación de índole monetaria, o psicótica, terrorista, política, etc.
El autor es ingeniero eléctrico
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
