Ramón Villarreal Bello
Eduardo Jafet Marín Norori, de 19 años, denunció en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) de Rivas-Granada que fue detenido ilegalmente por la Policía de Rivas y estuvo tras las rejas durante siete días.
Las denuncias más frecuentes fueron por negarle a los reos su derecho a la salud, detenciones ilegales, falta de respuesta policial a las denuncias de la población, así como violaciones al derecho a la integridad física y personal.
Hasta el 31 de julio de este año la PPDH ha recibido 105 denuncias de violaciones a los derechos humanos y nuevamente la Policía de Rivas encabeza la lista con 43 denuncias.
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Marín Norori dijo que hace cinco meses fue contratado por la administración de la Policía de Rivas para que laborara como arreador de 120 reses y 24 caballos de la finca Corrales Azules, que le fue ocupada a Ernesto Antonio Velásquez Valle, en la comarca el Mancarrón, municipio de Belén.
Aunque su arreglo laboral no incluía cuidar la finca, una noche vio que tres abigeos intentaron llevarse el ganado y salió a ver junto con un vecino a quien identificó como Fernando Domínguez, quien posee un arma de fuego y se enfrentó a tiros con los supuestos delincuentes.
María Verónica Norori, madre de Eduardo, dijo que tras ese incidente a su hijo lo citaron a declarar en la Policía a las 9:00 a.m. del 26 de julio.
“Yo misma lo levanté temprano para que llegara puntual a la cita, pero al ver que era tarde y no había regresado tuve que ir a la Policía a preguntar por él y me dijeron que no salía porque el subcomisionado Denis Valerio quería hablar con él y lo dejaron detenido. Al día siguiente me dijeron que no salía porque la segunda jefa, Martha Valdivia, lo iba a entrevistar y por último me dijeron que lo tenía que entrevistar el propio jefe policial, comisionado mayor Sergio Gutiérrez”, señaló.
Fue hasta que ya habían pasado varios días que la señora Norori decidió poner la denuncia en la PPDH Rivas-Granada, la que comenzó a hacer gestiones hasta lograr la libertad del joven al mediodía del primero de agosto.
Arlen Dayana Lanza Morales, delegada de la PPDH, puntualizó que al joven le fueron violentados sus derechos constitucionales y humanos.
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