La historia muestra que el absolutismo —o el autoritarismo—, si bien puede producir durante algún tiempo crecimiento económico, a la larga se vuelven un serio obstáculo al desarrollo. El desarrollo sostenible de largo plazo requiere como condición instituciones políticas, económicas y sociales incluyentes y no excluyentes. Esa es la tesis central del libro de Acemoglu y Robinson: Por qué fracasan las naciones —libro que fue elogiado por cinco economistas que obtuvieron el Premio Nobel de Economía— y que ha suscitado un saludable debate a nivel internacional. Sostienen esos autores que aunque hay países donde el absolutismo ha sido acompañado de crecimiento económico —como lo fue el caso por varias décadas de la desaparecida Unión Soviética, o el más reciente de China—, ese crecimiento sin instituciones democráticas incluyentes no es sostenible en el largo plazo. Por algo los países más desarrollados del mundo son las democracias occidentales. En América Latina, Cuba y Venezuela, con sistemas autoritarios, son un fracaso económico. El debate de sí es posible con autoritarismo alcanzar un desarrollo sostenible de largo plazo, es de evidente interés para Nicaragua.
La “edad de oro” del crecimiento económico de Nicaragua lo fue el período 1950-1977, la economía creció a más del seis por ciento anual, tasa significativamente mayor que la del período reciente 2007-2013 (3.4 por ciento). La reactivación de la economía internacional después de la Segunda Guerra Mundial y adecuadas políticas económicas explican el elevado crecimiento de ese período, el mayor en toda la historia del país.
Aunque el período 1950-1977 fue la “edad de oro” del crecimiento de la economía de Nicaragua, no lo fue de la institucionalidad democrática, ni del desarrollo social y ambientalmente sostenible. Lo que pasó ya se conoce. La dictadura de los Somoza —con instituciones políticas excluyentes— llevó a la insurrección de 1979 y luego a la guerra civil provocada por el absolutismo estatizante de los ochenta. El resultado: la economía se derrumbó y hoy por hoy el PIB per cápita no ha recuperado el nivel que tenía en 1977.
El actual retraso de Nicaragua se explica en buena medida por la ausencia de instituciones, políticas, económicas y sociales democráticas incluyentes. Durante la colonia, la economía basada en la hacienda ganadera creó una mentalidad de patrón-mozo, que se reflejó en las instituciones políticas y en el casi nulo crecimiento económico. Después de la colonia, los gobernantes en su mayoría actuaron como si fueran los dueños de una hacienda-país llamada Nicaragua, lo que provocó inestabilidad política.
La evolución institucional de Costa Rica fue muy diferente, lo que la llevó a ser hoy —sin ser “un paraíso”—, el país de mayor desarrollo en Centroamérica. Bulmer Thomas señaló que en 1913 el PIB per cápita de Costa Rica era 1.4 veces el de Nicaragua. En el año 2013 el PIB per cápita de Costa Rica fue de 10,528 dólares equivalente a casi seis veces el de Nicaragua —US$1,831—. La brecha se ensanchó de manera alarmante.
La diferencia en el proceso histórico de construcción de sus instituciones es el principal factor que explica —junto con la mayor inversión en educación en Costa Rica— los diferentes resultados entre ambos países. Históricamente, el amplio estrato de agricultores medios independientes de Costa Rica contribuyó a crear una mentalidad e instituciones diferentes. Se creó un Estado-nación de ciudadanos. Sus instituciones políticas no quedaron marcadas —como en el caso de Nicaragua— por la relación patrón-mozo de la hacienda ganadera colonial. La revolución de 1948 en Costa Rica vino a consolidar sus instituciones democráticas. Por el contrario, la revolución de 1979 en Nicaragua fracasó intentando implantar un modelo socialista autoritario y destruyó la economía. El intento posterior —en 1990-2006— de crear una institucionalidad democrática también fracasó.
En la etapa actual se está produciendo según algunos una nueva “edad de oro” del crecimiento. Se habla de un “nuevo milagro económico” —a pesar de que no se ha alcanzado el PIB per cápita de 1977—. Sin embargo, como dijeron recientemente los obispos: “No es verdad que se pueda lograr un desarrollo económico y social sostenible y una paz duradera, sin instituciones sólidas, erradicación de la corrupción y respeto a las leyes”. El absolutismo —o el autoritarismo— son contrarios al desarrollo sostenible de largo plazo. El autor es doctor en Economía.
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