El pasado 27 de junio LA PRENSA publicó el editorial “El caso Alvimer o la ciudadanía desprotegida”. El citado editorial emite opinión sobre la adjudicación hecha por la Dirección General de Aduana a la empresa Alvimer Internacional para la instalación de equipos de escáner, su operación y mantenimiento.
El editorial mencionado cierra diciendo y cito textualmente “Este es el resultado de la alianza entre un gobierno autoritario que tiene una inmensa mayoría en la Asamblea Nacional producto de un oscuro proceso electoral y un grupo de interés a quien nadie ha elegido para realizar este tipo de arreglos que perjudican a los nicaragüenses”.
Resulta desafortunado que a partir de una posición de “editor sustituto” (al amparo del anonimato periodístico) y en contradicción con otras posiciones publicadas por la línea editorial del periódico, se pretenda descalificar en forma poco profesional y objetiva la legitimidad y el trabajo que desarrollamos día a día en el Cosep y de forma particular nuestro actuar sobre el caso en mención.
Hemos manifestado en diversas ocasiones que hemos logrado consenso en 77 de 81 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Una de las cuatro leyes en que no alcanzamos consenso fue la Ley 841, que es la que aprueba la concesión referida.
El Cosep, el 10 de junio del 2013, dio a conocer ante la Comisión de Producción en la Asamblea Nacional su posición oficial y discrepancia alrededor del dictamen sobre este anteproyecto de ley. Esto a pesar del esfuerzo desarrollado en las semanas anteriores para encontrar consenso.
El mismo 10 de junio, a través de nuestra publicación electrónica Nicaragua Empresaria, dimos a conocer a los medios de comunicación nuestras consideraciones al dictamen aprobado ese día.
Estas consideraciones giraron alrededor de que, aunque era necesario concesionar este tipo de equipos para la competitividad del país, la concesión de treinta años era por demasiado tiempo y no contemplaba cambios de tecnología en el futuro; que este dictamen no consideraba las posiciones y compromisos internacionales que habíamos asumido como país; que no aceptábamos el cobro de la tasa “ad valórem” por el uso de estos equipos; que tampoco aceptábamos el cobro de 15 dólares al tránsito internacional; y que esto iba a encarecer los costos de los productos afectando a los consumidores finales.
El 14 de junio, un día después que se aprobó la Ley 841, en conferencia de prensa, señalamos que la ley de escáneres violentaba los compromisos internacionales y el derecho comunitario y anunciamos nuestra decisión de recurrir legalmente en contra del Estado.
El 25 de junio, en nuestra columna semanal, dimos a conocer nuestra posición editorial “Ley de Escáner contra el desarrollo”. Pero no nos limitamos, como hacen otros, solo a escribir y a descalificar. El 3 de julio, en nombre del Cosep, interpuse recurso de amparo en contra de la Ley 841. Sin embargo, este recurso fue rechazado el día 9 de julio.
Ante la ilegalidad y arbitrariedad del Tribunal de Apelaciones, a título personal, introduje recurso por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Este recurso está aún en trámite pendiente de resolución.
Adicionalmente, establecimos contactos con organismos regionales del sistema de integración y países con los que tenemos firmados acuerdos de libre comercio y que serían afectados por la implementación de esta ley. La Unión Europea, a través de su embajador, expresó que la Ley de Escáner era incompatible con las reglas acordadas en el Acuerdo de Asociación.
A lo largo de estos meses hemos continuado dialogando con las autoridades, lo que ha resultado en una propuesta de reforma a la Ley 841, que responde a las consideraciones que habíamos expresado y que será presentada a plenario para su aprobación.
La reforma, entre otras cosas, incorpora los cambios tecnológicos, elimina la tasa ad valórem, anula el cobro al tránsito internacional respetando los compromisos adquiridos, y limita el perjuicio a los consumidores finales, contrario a lo expresado en el editorial referido.
Nuestros planteamientos técnicos y la continuidad de nuestro trabajo es lo que ha motivado esta propuesta de reforma. Nuestro mandato constitutivo, nuestros agremiados, y resultados como este que benefician al sector empresarial y al país es lo que nos da legitimidad y representatividad.
El autor es presidente del Cosep.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
