El llamado Caso Alvimer es un ejemplo claro de lo que sucede cuando la conducción de un país está manejada por un Estado autoritario en alianza con grupos de interés. Cuando ninguno de los involucrados debe rendir cuentas a la ciudadanía o a un órgano independiente que lo controle, llámese Asamblea Nacional o Contraloría General de la República, quien sale perdiendo es el ciudadano que no tiene quien lo proteja.
El caso Alvimer, como se le ha llamado en los medios, es el procedimiento mediante el cual la Dirección General de Aduanas (DGA) entregó sin licitación un contrato por 15 años a la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada para operar y dar mantenimiento a equipos de escáner que inspeccionarán mediante Rayos X los contenedores de mercadería que entran y salen del país.
El primer problema en este caso es que el millonario contrato se entregó directamente a una empresa que tenía 15 días de establecida en el país y cuyos dueños hasta el momento nadie conoce. La falta de transparencia es obvia. La negativa de parte de los funcionarios del Gobierno y los diputados del partido Frente Sandinista de aclarar quién está detrás de la empresa da pie a cualquier especulación.
El segundo problema se dio con el monto que la empresa cobraría, el 0.26 por ciento del valor declarado de la mercadería escaneada, cuando en otros países hay un cobro fijo que en el caso de El Salvador, por ejemplo, es de 18 dólares. Para colmo, de todo lo recaudado por la empresa la Dirección de Aduanas recibiría solamente el diez por ciento.
Después de negociaciones entre el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la llamada Ley de Escáners que da pie al controversial contrato será reformada para que el cobro baje sensiblemente a tarifas que varían entre 20 y 70 dólares, sin embargo, el contrato a la empresa cuyos verdaderos dueños nadie conoce se extendió de 15 a 20 años y también se reduce lo que se entregará a la DGA del diez por ciento del total de lo recaudado al cinco por ciento.
O sea que la reforma beneficia a los empresarios que pagarán una tarifa un poco más moderada, pero sobre todo a los misteriosos dueños de Alvimer Internacional, pero perjudica al Estado, que es lo mismo que decir perjudica al pueblo nicaragüense. El Estado percibirá aún menos ingresos y aún no sabe quién es el benefactor del jugoso contrato que dio sin licitación.
La falta de licitación priva al pueblo de Nicaragua de haber obtenido una mejor oferta, como bien lo expuso la gerente general de APEN, Azucena Castillo.
Al percibir el Estado menos ingresos entonces es menor la capacidad del mismo para satisfacer las necesidades de la población más pobre del país.
Pero eso tiene sin cuidado a algunos representante de cámaras empresariales que han emitido desafortunadas declaraciones como la del presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Rosendo Mayorga, quien dijo “ya no nos metamos a ese enredo, ya el tema de la licitación pasó hace mucho rato, eso sería como llorar sobre leche derramada”.
Este es el resultado de la alianza entre un gobierno autoritario que tiene una inmensa mayoría en la Asamblea Nacional producto de un oscuro proceso electoral y un grupo de interés a quien nadie ha elegido para realizar este tipo de arreglos que perjudican a los nicaragüenses.
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