Elízabeth Romero
Los denunciantes del movimiento #OcupaINSS le dirigieron una carta a la fiscal departamental Mirna Siles, para recordarle que mañana se cumple un año “del terror y asalto” perpetrado por fuerzas del partido de gobierno y del Estado, en contra de ancianos que reclamaban su derecho a una pensión reducida y jóvenes que manifestaban su solidaridad. La agresión sigue en impunidad.
Los afectados le expresan a Siles “la indignación” que sienten porque a un año de los hechos, los operadores de justicia facultados para prevenir, investigar y esclarecer el robo de bienes personales que incluye vehículos, no lo han hecho.
“Por el contrario, ha prevalecido la indiferencia y la irresponsabilidad del Estado fomentando impunidad en perjuicio de nuestros derechos humanos y en complicidad con los autores materiales e intelectuales”, dice #OcupaINSS en parte de la carta.
Y señalan que se cumple un año “de una acción criminal organizada, dirigida con fuerza del Estado y consentida por el mismo, por ello no nos extraña la impunidad, pero dejamos constancia de que no olvidamos”.
“En nuestra memoria están los y las ancianas irrespetadas por el Estado y partido de gobierno, que sólo les puso atención cuando observó cómo crecía la solidaridad, a la que aplastó con las fuerzas de la intolerancia. Nuestra demanda de justicia continuará”, expresan los jóvenes a Siles.
La fiscal departamental no recibió a tres de los demandantes que ayer se presentaron a la Fiscalía acompañados del director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, para entregar la carta y hacer su reclamo.
CINISMO EN FISCALÍA
Los recibió el fiscal Luden Montenegro, quien ante la falta de argumentos para explicar los motivos por los cuales no ha prosperado la denuncia les dijo: “ustedes se han perdido”.
Carrión, al reclamarle a Montenegro igual trato que dio esa institución al caso de estafa a las monjas del Teresiano, el fiscal respondió que no ameritaba comparación.
Fue por ello que exigieron que entonces la Fiscalía cumpla con lo establecido por el Código Procesal Penal (CPP), que establece la obligación que tiene esa institución de pronunciarse si ejercerá o no la acción penal, que tampoco lo ha hecho.
Luciana Chamorro dijo que nuevamente el fiscal Montenegro pretendió evadir la responsabilidad al decir que el 15 de julio del 2013, enviaron documentos a la Policía y esta no ha investigado.
“Que me den una explicación cómo se da esto, quién es el responsable”, demandó Chamorro, tras expresar: “Es un sentimiento de desilusión completa con las instituciones públicas de este país”. Carrión dijo que continuarán con la denuncia.
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