Embajador argentino aclara sobre las Malvinas
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el ánimo de contribuir a ilustrar a sus lectores sobre los señalamientos de su editorial titulada “El día de las Malvinas”, publicado el pasado 10 de junio del corriente año.
La cuestión de las Islas Malvinas no se trata de un diferendo territorial, sino que ha sido definida por las Naciones Unidas como un caso especial y particular de descolonización que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre las dos partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
La disputa se remonta al 3 de enero del 1833, cuando el Reino Unido invadió las Islas Malvinas y desplazó a la población y autoridades argentinas, procediendo luego a impedir el asentamiento de población proveniente del territorio continental argentino. La Argentina nunca consintió el acto de fuerza británico.
El derecho a la libre determinación de los pueblos, que es el único elemento en el que el Reino Unido pretende fundar su posición —y que alega exclusivamente para el caso de las Islas Malvinas— no es aplicable a cualquier comunidad humana, sino solo a los “pueblos”. En el caso de los actuales habitantes de las Islas Malvinas no estamos en presencia de un pueblo, sino de una población implantada por la potencia colonial, en la que menos del 50 por ciento son nativos de las islas y de los que el 38 por ciento reside allí desde hace menos de diez años. Por eso ninguna de las más de 40 resoluciones referidas a la Cuestión de las Islas Malvinas adoptadas desde 1965 por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas hace referencia a la libre determinación.
El mal llamado referéndum, en el cual 1,500 habitantes británicos de las islas pretendieron poner fin a la disputa, es por tanto contrario al derecho internacional y a lo dispuesto por las Naciones Unidas. Asimismo, el Mercosur, la Unasur y el Alba manifestaron su rechazo al mismo.
La Argentina está comprometida con el cumplimiento del mandato de la Resolución 2065 de la ONU, que exige tener en cuenta los intereses (no así los deseos) de los actuales habitantes de las Islas Malvinas y de la Constitución Argentina, que impone el respeto por su modo de vida.
Los isleños vivirían mejor si se integraran a la Argentina como lo han hecho los miles de descendientes británicos que habitan la Argentina continental.
Nicaragua es el primer país del mundo en sancionar con fuerza de Ley la conmemoración de un día de solidaridad con la Argentina en respaldo a su soberanía sobre las Islas Malvinas, lo que mi país valora y aprecia, iniciativa que fue replicada a nivel regional por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) que estableció el 10 de junio como “Día de la Solidaridad Centroamericana con las Islas Malvinas Argentinas”.
No es esta la primera vez que Nicaragua manifiesta su solidaridad con la posición argentina. El apoyo de Nicaragua ha sido constante y consistente en favor de los derechos de la Argentina en todos los foros regionales y multilaterales en los que se abordó la cuestión, no solo durante el actual gobierno del presidente Daniel Ortega, sino también en el de todos sus antecesores.
Terminar con el colonialismo es una misión que las sociedades democráticas desean desde hace tiempo, que también evoca los principios jurídicos y valores universalmente reconocidos de la Carta de las Naciones Unidas. El momento es oportuno, las propias Naciones Unidas han declarado el período 2011-2020 como el del Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo.
La Argentina ha manifestado su disposición a resolver la disputa de soberanía con el Reino Unido por cualquiera de los medios pacíficos enunciados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Para ello, resulta imperiosa la reanudación de negociaciones con el Reino Unido, las que tuvieron lugar entre 1965 y 1982.
Sin embargo, a 181 años de la usurpación británica, el Reino Unido continúa rehusándose a reanudar las negociaciones con la Argentina, ignorando lo dispuesto por las resoluciones de las Naciones Unidas y los pronunciamientos de foros regionales y multilaterales.
Cuando se recupere el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, habrá tenido lugar un hecho de justicia global de gran importancia para el mundo libre y para América Latina como fuente de unidad regional.
Agradeciendo la publicación de la presente en las páginas de opinión de ese importante matutino, saludo a usted atentamente.
Marcelo F. Valle Fonrouge. Embajador
Deficiencia en cargos públicos
Hoy por hoy en las instituciones públicas del país se encuentran laborando una serie de personas que han llegado a esos puestos por cualquier cantidad de razones, menos una; el concurso oposición.
Se puede hablar de nepotismo, amiguismo, política y hasta religión, como razones por las que algunas personas han accedido a puestos en los diferentes poderes del Estado, pero no por capacidad, desgraciadamente un buen número de esas personas ostentan cargos desde los cuales han estado haciendo daño a los procesos, atrasando gestiones, al Estado de Derecho que se construye en nuestra Nicaragua, están generando confusión en la aplicación de algunas normas, las cuales interpretan a como sus limitadas capacidades les permiten. Y todo aquello que no llegan a entender porque requiere algún proceso de estudio o concatenación de normas o ideas simplemente lo “descartan” en uso y abuso de las “atribuciones” que les confiere la ley.
Si se hiciera concurso oposición, si se valorara de manera integral a los profesionales y esto fuera una norma general para el acceso a cualquier cargo público que sea por nombramiento, si nos guiáramos por las capacidades, por la experiencia y habilidades tendríamos funcionarios de primer nivel en cada institución o poder del Estado, personas con el bagaje académico y cultural necesario para poder relucir en sus respectivas profesiones y ser el orgullo de sus colegas, amigos y familiares. Solo así podrían brindar el servicio eficaz y eficiente que todos nos merecemos.
Qué tristeza ver cómo se degrada el ejercicio de algunas profesiones por causa de algunos malos hijos de la patria que no quisieron estudiar en sus tiempos de estudiantes y que ahora viven a la sombra de sus familiares, de sus amigos, de su partido o de su iglesia.
A ellos es bueno recordarles de cuando en cuando lo que establece clara y meridianamente nuestra Constitución Política;
Arto. 183 Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.
No lo que ellos entienden por “autoridad, facultad o jurisdicción” sino lo que ya está establecido en las normas de las diferentes materias en las que se supone se formaron o formarían como profesionales.
Siempre hay tiempo para recapacitar, para mejorar, para estudiar, pero si esas personas no tienen la lucidez necesaria para entenderlo, entonces “Dios Salve a Nicaragua”.
Ricardo J. Guevara Altamirano.
Abogado y Notario Público.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
