José Adán Aguerri
El progreso para todos los ciudadanos llega de la mano de las inversiones, y los inversores nacionales e internacionales demandan, en cualquier lugar del mundo, reglas claras, estabilidad y confiabilidad. Es por esta razón que la correcta administración de la justicia es una de las condiciones imprescindibles para el desarrollo económico.
Mientras que el riesgo económico inherente a una actividad puede ser más controlado, el riesgo jurídico producto de la inestabilidad de las normas o de la arbitrariedad en la asignación o eliminación de derechos es mucho más difícil de manejar.
Es por ello que el riesgo jurídico conspira más fuertemente contra la inversión, el crecimiento y la reducción de la pobreza.
La percepción negativa sobre la eficiencia e independencia de la justicia nicaragüense han surgido de manera permanente como una de las limitantes a la inversión.
Esta realidad nos impulsó, desde la Cámara de Comercio, en el año 2005 a promover los métodos alternos de resolución de controversias, logrando la aprobación de consenso de la Ley 540 que se denominó “Ley de Mediación y Arbitraje” la que está cumpliendo ya 9 años de existencia.
Asimismo, al año siguiente, en el marco de la ley, constituimos el Centro de Mediación y Arbitraje apoyados por Holanda, el Bid-Fomin y la Usaid.
Lo anterior con el propósito de tener una opción alterna que nos permitiera, en el caso de diferencias entre inversionistas o entre inversionistas y el Estado, poder acceder a un mecanismo más eficiente, menos costoso, más rápido y además desligado de la influencia política.
Fue muy importante en este proceso asegurar que nuestra ley fuera una ley moderna a nivel mundial ya que está basada en el Modelo de la Ley de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil.
Esto les da mayor certeza no solo a los inversionistas nacionales sino también a los inversionistas internacionales, ya que además de ser una ley moderna te permite utilizar el arbitraje internacional en caso de disputas.
Pero la seguridad jurídica tiene muchas aristas.
La evidencia no deja lugar a dudas sobre la diferencia en el nivel de desarrollo entre aquellos países cuyas instituciones operan en forma eficiente y aquellos donde esto no ocurre.
Según la Encuesta de Confianza Empresarial que realiza Funides, en junio del año 2008, el 90.5 % de las empresas percibía al sistema judicial con un alto grado de desconfianza. Según la misma encuesta, en diciembre del año pasado, todavía un 58 % de las empresas percibe al sistema judicial con desconfianza. En Nicaragua hemos avanzado pero todavía la percepción sigue siendo negativa.
Se ha mejorado 32 puntos porcentuales en construir confianza, pero ha tomado más de 5 años en lograrlo. Poner nuevamente en riesgo esa confianza solo requiere de unas pocas decisiones equivocadas.
Por ello nos preocupa lo ocurrido en el caso del empresario Milton Arcia, en donde la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, primero emite una resolución a favor del Sr. Arcia con el voto de los magistrados del partido de gobierno e independientes, y en menos de 24 horas anula la resolución con el voto solamente de los magistrados provenientes del partido de gobierno.
En Cosep consideramos que se tiene que reflexionar sobre esta situación y que se debe buscar una solución a la misma. Sabemos que, aunque es un caso particular, es muy importante no solo proteger el derecho del empresario sino la sostenibilidad en la construcción de la confianza jurídica que ha tomado tanto tiempo y esfuerzo.
En contraste, tenemos que destacar el logro histórico, que validó nuestra decisión de hace 9 años, al lograr alcanzarse el primer acuerdo de mediación sobre los casos pendientes del Waiver en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.
Nuestro reconocimiento a los Gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos por haber tomado la decisión de recurrir a la solución alterna de conflictos para buscar cómo terminar con los reclamos pendientes.
El funcionamiento eficiente de la justicia con la reducción sostenible del riesgo jurídico seguirá siendo una demanda pero a la vez una tarea de Cosep, así como, el fortalecimiento de la Ley 540. El autor es presidente del Cosep.
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