Elízabeth Romero
Las organizaciones no gubernamentales señalan que la Convención ha sido fundamental para desarrollar el contenido de las obligaciones de los Estados en relación con la prevención, investigación y sanción de las desapariciones.
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A veinte años de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, Nicaragua es uno de los 17 países que no la ratifican, dijo la presidenta del Centroamericana de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
La citada convención es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994, y entró en vigor el 28 de marzo de 1996..
Lo que llama la atención a Núñez sobre el tema, es que en esa ocasión en una misma Asamblea General de la OEA fueron aprobadas otras dos convenciones, para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la de las personas con discapacidad.
Ambas fueron aceptadas por Nicaragua, no así la primera sobre desapariciones forzadas.
Núñez dijo que esto permitiría conocer las desapariciones durante la dictadura somocista, las ocurridas en la época de los ochenta con los sandinistas y las ejecutadas por la entonces Contrarrevolución.
Por ello, Núñez estima que Nicaragua está en deuda con familiares de desaparecidos, a quienes se les negó el derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos.
Nicaragua tampoco ha firmado lo concerniente a este tema a la convención de Naciones Unidas, pese a que así lo han recomendado en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra.
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