BUENOS AIRES/AP
El vicepresidente argentino Amado Boudou se presentará el lunes ante un juez para ser indagado como sospechoso de haber adquirido de forma irregular una imprenta de billetes para beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.
El funcionario está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El juez federal Ariel Lijo investiga las maniobras ilícitas que presuntamente cometió el ahora vicepresidente junto con dos socios cuando era ministro de Economía para rescatar y adquirir en 2010 a la quebrada Ciccone Calcográfica, la única capaz de imprimir papel moneda.
No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones.
Boudou informó oficialmente a Lijo que grabará la audiencia de las 1400 GMT. «Con la intención de no retrasar el acto y de no alterar la organización del juzgado, le adelanto que se procederá a grabar en audio y video la declaración con un sistema similar al que todas las Cámaras de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción», sostiene el escrito presentado por el abogado Diego Pirota, defensor de Boudou.
El vicepresidente afirmó días atrás que quiere dar publicidad al encuentro con el juez porque no confía en él y porque éste supuestamente filtró información en su contra a la prensa. El magistrado señaló, por su parte, que no se puede difundir la indagatoria. El código procesal indica que el sumario es público para las partes involucradas pero secreto para los extraños.
El escrito explicó que el registro en audio y video de la indagatoria se trata de una decisión personal de Boudou para preservar un acto de defensa. Pirota señaló que para evitar objeciones sobre la presencia de más personas que las autorizadas en la citación, «el equipamiento será programado para comenzar la grabación de forma automática y no requerirá de operadores».
El vicepresidente ratificó a primera hora del día su deseo de que el encuentro con el magistrado no sólo sea grabado, sino que además se haga público. «Hoy estaré llegando alrededor de las 11 (1400 GMT) para ver si podemos arrojar luz y que el pueblo pueda ver esta audiencia», afirmó Boudou a Radio Provincia.
«Vale la pena dar todas estas peleas» para «poner las cosas blanco sobre negro» en la investigación, sostuvo el vicepresidente. «El argumento de que no puede ser filmada (la audiencia) porque es sólo para las partes no se aplica cuando le filtran información a la prensa», se quejó.
Una vez finalizada la citación, el magistrado cuenta con un plazo de 10 días para decidir si procesa a Boudou por considerar que incurrió en un delito, si lo sobresee por considerar que no lo hizo o le dicta la falta de mérito al entender que no hay pruebas suficientes para inculparlo o sobreseerlo, lo que implica que seguirá bajo investigación.
Sin embargo, expertos señalaron que ese plazo, en la práctica, a veces se alarga.
El delito imputado al funcionario está castigado con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Como la pena mínima es de un año, el juez no puede ordenar su detención preventiva en caso de procesarlo.
El vicepresidente afirma que las acusaciones en su contra obedecen a una maniobra de grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín y La Nación, críticos con el gobierno y a los que acusa de controlar a magistrados federales.
