Desde 1821, cuando nos independizamos de España hasta nuestros días, los ejércitos en nuestra patria solo han servido para respaldar dictaduras y como consecuencia de esta actitud: para reprimir al pueblo, que es quien paga con sus impuestos la pesada y dolorosa carga de su mantenimiento. Recordemos los 17 años del general José Santos Zelaya; los 45 años de la dinastía somocista; y los 35 años que ya lleva mandando, desde arriba y desde abajo, el comandante Daniel Ortega.
Páginas gloriosas de esos ejércitos que apuntalaron a esas dictaduras no las encontramos y si en nuestra historia brillan con épicos fulgores las gestas de algunos soldados que más allá del valor demostraron su amor a la patria, es porque nunca pertenecieron a esas fuerzas armadas institucionalizadas. Nos referimos, naturalmente, al general José Dolores Estrada, que en la célebre batalla de San Jacinto, hizo morder el polvo de la derrota a las huestes filibusteras y al general Augusto César Sandino, quien con su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional se llenó de honor y de gloria hasta expulsar de nuestro suelo al invasor extranjero.
Hemos traído esto a colación, porque consideramos que, ante la solicitud del Jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, de más de dos mil millones de córdobas (alrededor de 100 millones de dólares) del Presupuesto Nacional para la institución castrense en el próximo año, los ciudadanos y ciudadanas de esta nación, estamos en el derecho y la obligación de conocer cómo, cuándo y porque se está gastando esa enorme cantidad de dinero en un país donde la pobreza, la falta de educación y salud y viviendas, hinca sus garras tenebrosas en el cuerpo lacerado del pueblo nicaragüense.
Hay quienes afirman que con la cantidad de dinero solicitada se podrían construir 10,000 viviendas anuales para los trabajadores; 10 hospitales completamente equipados para nuestros enfermos; centenares de escuelas de primaria y secundaria; centenares de becas para que nuestros universitarios vayan a especializarse en el extranjero; centenares de guarderías infantiles y hasta se podrían mejorar las pensiones de hambre que pagan a nuestros pobres ancianos jubilados. Además, se asegura que con la proliferación de Cortes de Justicia Internacionales (OEA, ONU, etc.) ya el recurso de la guerra en nuestras naciones ha sido prácticamente descartado, por lo que existen países como Costa Rica, Panamá, y Haití que han abolido sus ejércitos forjando en su lugar una Policía Nacional apolítica que vela por la seguridad de todos y hasta por la soberanía nacional cuando esta se ve amenazada.
La verdad es que debería haber un debate público en torno no solo al presupuesto del Ejército sino a la función que sus miembros están desempeñando actualmente en el acontecer nacional. Porque se ha violado flagrantemente la Constitución de la República y ellos, en vez de garantizar su estricto cumplimiento como lo hicieron sus pares de Honduras cuando el presidente Manuel Zelaya quiso reelegirse, lo que han hecho es servir de pie de amigo a la dictadura que pretende perpetuarse en el poder. Necesitamos de la profesionalización del Ejército, que esté al servicio del pueblo y no de un partido político determinado (apañando la corrupción y fraudes electorales) ya que de seguir como hasta ahora, su destino será desaparecer al igual que le ocurrió a la Guardia Nacional de Somoza y a otros ejércitos coyunturales en el pasado. El Ejército y la Policía, si quieren existencia permanente y definitiva, debería n ligar sus destinos a la Constitución y a las leyes y no a la efímera existencia de un hombre prisionero de los avatares de la vida y de las circunstancias. El autor es Secretario General de la Asociación de Nicaragüenses en el Extranjero (ANE).
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