Judith Flores
Corresponsal/Miami
La Juez del Distrito Sur de San Diego, California, Cathy Ann Bencivengo, desestimó la demanda contra el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, interpuesta por los hermanos Aníbal y José Ramón Silva Reyes Jr, por los delitos de tortura y asesinato del excoronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, cuya desaparición forzosa ocurrió en 1983.
El caso fue sometido ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, el expediente es el número 3:13-cv-01587-CAB-KSC, y ya hay dos fechas programadas, la primera audiencia está prevista para el lunes 8 de septiembre del 2014, día de la apertura del proceso; y la segunda será el 7 de octubre.
La demanda es contra Ortega, Lenin Cerna, extitular de la temida Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) en la década de los 80, Marcela Pérez, viuda del fallecido dirigente sandinista Tomás Borge y actual embajadora Nicaragua en Perú; y Cynthia González, entre otros.
Anibal Silva Reyes, uno de los demandantes, dijo que la Juez alegó tres aspectos para desestimar el caso en primera instancia: Que a los demandados no se les notificó del proceso judicial por la vía correcta, que la Corte no tiene jurisdicción personal con los demandados, y que la corte de San Diego no es el tribunal correcto para oír el caso y sugiere la Corte de justicia de la Florida.
La sugerencia de acudir a una corte en Florida, tiene su origen por ser el lugar de residencia de Cynthia González, a quien los demandantes acusan de presunta confabulación con el régimen sandinista.
En el fallo la Juez, no aborda el tema de la inmunidad de Ortega, uno de los alegatos de los abogados defensores del mandatario inconstitucional.
A juicio de Silva, la Juez hizo una decisión ligera del caso. “No tomó en cuenta la Ley 1350, Alien Tort Statute (Ley contra la tortura), no es una ley local, tiene jurisdicción a través de los convenios internacionales para evitar la tortura y crímenes”.
La Ley 1350, establece que los tribunales Federales de Distrito de Estados Unidos, tienen jurisdicción en toda acción civil entablada en casos de tortura. Nicaragua es uno de los países firmantes del Tratado contra la tortura.
Existe precedentes de demandas contra personas acusadas de tortura en los tribunales de Estados Unidos. De acuerdo a registros, a través de la Ley 1350, de 1979 a 1983 fue entablada una demanda por una familia paraguaya contra un torturador de ese país. La familia de la víctima interpuso la demanda y ganó el caso en la apelación, creando así un precedente para el uso futuro de ese estatuto contra los torturadores.
Anibal Silva, dijo que la Juez, dejó abierta la oportunidad para someter nuevamente la demanda en Corte contra Ortega, sin embargo decidieron recurrir a Apelaciones, donde las partes deberán presentarse.
