Elízabeth Romero
Al menos 41 denuncias sobre violaciones al derecho a la vida, registró el año pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Según el director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, el Gobierno de Nicaragua debió demandar al de Honduras el esclarecimiento del crimen.
Ampié consideró que este hecho tiene algunas similitudes con otros crímenes que no fueron debidamente investigados, como fueron, la muerte de otros dos exmiembros de la Resistencia, José Gabriel Garmendia, apodado como “Yajob” y la de Santos Guadalupe Joya Borjas, alias “Pablo Negro”. En su momento dijeron haberse alzado en armas.
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En el informe 2013 sobre derechos humanos, ese organismo menciona que muchas de estas muertes ocurrieron en sitios donde hubo acciones conjuntas del Ejército y la Policía, así como en conflictos de propiedad, por negligencia médica o por maltrato y denegación de asistencia médica a privados de libertad.
Entre los casos que sobresalen en el informe presentado esta semana, está el asesinato del secretario político del Frente Sandinista en las comunidades del norte de Wiwilí, José Cruz López, a quien el primero de octubre del año pasado, seis hombres armados lo sacaron de su casa en la comunidad de Aguas Rojas.
El cuerpo de Cruz fue encontrado amarrado y colgado en el portón de un potrero.
El informe también menciona el caso de Yairon Elías Díaz Pastrán, ocurrido en Anisales, número 3, también en octubre. En el sitio donde el campesino perdió la vida se había escenificado un choque armado entre soldados del Ejército y un grupo de armados, recuerda el Cenidh en su informe.
“El Cenidh tuvo acceso a fotografías del cadáver de Yairon en las que se podía ver que este tenía desfigurado el lado derecho del rostro, presentaba un orificio de bala en el muslo izquierdo y una estocada en la parte superior de la tetilla izquierda”, señala el texto, a través del cual establece que los familiares de la víctima rechazaron la versión oficial que vinculaba al fallecido con el grupo armado.
Ese organismo calificó de “sumamente grave” que en pocos meses en los municipios de Pantasma y Wiwilí de Jinotega, haya ocurrido la muerte de varias personas, entre civiles y militares y miembros del partido oficialista, “sin que el Estado haya realizado las debidas diligencias de investigación dirigidas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.
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