Del 6 al 14 de mayo corriente el Banco Central de Nicaragua recibió a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), su “asesor de confianza”, la cual aconsejó “continuar fortaleciendo las finanzas públicas, modernizando el funcionamiento del sistema financiero y avanzando en los esfuerzos para cambiar la matriz de generación eléctrica”.
Las finanzas públicas son un problema de ingresos y gastos del Gobierno. Los primeros no han crecido como se esperaba que los haría crecer la Ley de Concertación Tributaria, pero los gastos aumentan cada año sobre todo por el desmesurado aparato estatal y los gastos innecesarios, como los jugosos salarios de altos funcionarios que suben más que los ingresos tributarios.
Respecto al tema financiero conviene recordar que hace algunos años, el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), le dio curso a una acusación a los bancos privados que operan en el país, de funcionar como un cartel que imponía tasas de interés a sus ahorrantes y deudores sin dejar espacio para la debida competencia. Pero todo quedó en la acusación.
En 2008, las micro financieras aglutinadas en la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), recibieron el embate del Movimiento de No Pago alentado por un incendiario discurso de Daniel Ortega, el 12 de julio de ese año, instando a dicho movimiento a que “en vez de estar protestando en las carreteras, protesten frente a las oficinas de los usureros (micro financieras) y plántense frente a sus oficinas. Párense firme, nosotros los apoyamos a ustedes”. Diez días después los no pago intentaron quemar la sede de la Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse), y en general, la consecuencia de aquella irresponsabilidad de Ortega fue que la cartera anual de préstamos de las micro financieras, que en 2008 era de 560 millones de dólares, disminuyó en 2013 a 158 millones de dólares; y los clientes atendidos que en 2008 eran más de medio millón, en 2013 se redujeron a 236 mil.
Respecto a las recomendaciones del FMI sobre el cambio de matriz energética, el proyecto de Tumarín, el mayor en ese orden y el cual representaría 30 por ciento de la generación nacional, ha pasado por muchas dificultades debido, entre otras cosas, a su alto costo de construcción de 1,100 millones de dólares; pero también a sus futuras tarifas acordadas que avivaron las ambiciones de moros y cristianos, logrando el Gobierno de Nicaragua quedarse con el 10 por ciento de las mismas a través de ENEL. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, intercedió para que este año se firmara definitivamente el proyecto hidroeléctrico, tras tres años fallidos en su construcción, pero ahora enfrenta la resistencia de los pobladores cercanos, por el pago de sus tierras.
Con Tumarín se espera que la producción nacional de energía limpia sea del 79 por ciento en 2019. Lo cual, sin embargo, no beneficiará a los consumidores que siguen y seguirán pagando agresivas tarifas, por mucho que cambie la matriz energética. Pero de todas maneras, por el bien de Nicaragua —aunque no de los nicaragüenses— ojalá que Tumarín no termine como la megarrefinería “Supremo sueño de Bolívar” que fue prometida por el extinto Hugo Chávez, o sea, en una mera ilusión.
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