El incalificable agravio que para la institucionalidad democrática y la conciencia del país significó la elección de los magistrados y otros altos funcionarios del Estado por la bancada orteguista de la Asamblea Nacional, en vísperas de la Semana Santa, no puede ni debe olvidarse.
La atención de la opinión pública dejó de centrarse en este tema de singular trascendencia para el futuro del país, a raíz del terremoto del 10 de abril pasado y su secuela de sismos. Amainado el temor sísmico, con el que debemos aprender a convivir con las debidas precauciones, es un deber cívico y ético de todos los ciudadanos y ciudadanas que realmente nos importa el destino de nuestra nación y que rechazamos el proyecto orteguista de concentración de poder, retomar esta problemática, que si no se resuelve cierra las perspectivas de una salida democrática y civilizada a la situación en que nos encontramos.
A nadie se le escapa que la perpetuación del proyecto orteguista es lo que se persigue con la elección de magistrados y otros funcionarios que hizo la bancada orteguista, en cuya composición figura un buen porcentaje de diputados electos fraudulentamente en noviembre del 2011.
El tema adquiere mayor relevancia y golpea aun más nuestra conciencia ciudadana cuando observamos que casi en los mismos días mientras en Nicaragua se premiaba con la reelección a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, responsables de los fraudes del 2008, 2011, 2012 y el más reciente de la Costa Caribe, en los países hermanos de El Salvador, Costa Rica y Panamá se llevaban a cabo elecciones presidenciales transparentes, administradas por organismos electorales que por su honradez e imparcialidad gozan de la credibilidad de sus respectivos pueblos. El contraste es más que evidente ante esta realidad, no es extraño que nos consideremos verdaderos parias electorales, a quienes se ha confiscado el derecho humano fundamental de elegir libremente a sus autoridades.
Tal realidad nos deja con el amargo sabor de que entre nosotros el voto ha perdido todo su valor, pues quien elige no es la ciudadanía sino los magistrados corruptos del CSE. Ortega decidió reelegirlos porque está convencido, más que nadie, que sin recurrir al fraude él no gana una elección en Nicaragua.
También la oposición debería estar convencida que de nada serviría que todas las fuerzas democráticas vayan unidas a las próximas elecciones con el mejor candidato, si quienes van a contar los votos son los mismos magistrados del CSE y sin ningún cambio en la Ley Electoral. En verdad, si queremos superar la más importante asignatura que tenemos pendiente y que a todos nos concierne, debemos apelar a cuantas medidas cívicas sean necesarias para lograr que se revierta lo actuado por el orteguismo a través de su bancada parlamentaria. Debemos exigir el cambio de todos los magistrados del CSE y que se elijan para reemplazarlos, profesionales de reconocida honestidad, capaces e independientes que garanticen la transparencia de las elecciones nacionales de 2016.
Mas no basta con el cambio de magistrados, se requiere también una reforma integral del sistema electoral, que devuelva a la ciudadanía la confianza en los procesos electorales, como la vía civilizada de resolver las diferencias políticas, para iniciar así la recuperación del estado de derecho y de la institucionalidad democrática, ahora perdida. Si esta vía se cierra, por el empecinamiento de quienes detentan el poder, o la incapacidad de la oposición y la ciudadanía para organizarse, podría surgir la tentación de otras vías no cívicas, que nos podrían conducir a una nueva espiral de violencia, que nadie quiere.
Todos los sectores empresariales, sociales y aun religiosos, interesados en el retorno a una auténtica convivencia democrática y pacífica, donde se respeten los derechos humanos, la independencia de los poderes, y se haga efectiva la lucha contra la pobreza y el desempleo, deberían contribuir a que tengamos un CSE y un sistema electoral que devuelvan a los nicaragüenses el derecho a que su voto realmente valga.
Los países donde funcionan correctamente las instituciones democráticas son las que aparecen en los primeros lugares del desarrollo económico y social, lo que se traduce en el bienestar de las familias. De manera que es imposible mejorar la situación de las familias si la institucionalidad está en ruinas, como sucede entre nosotros. Bienestar familiar e institucionalidad son temas inseparables.
El autor es jurista y escritor.
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