Ana Cruz
Hoy se cumplen siete años desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), una ley con la cual se esperaba fuese más fácil y ágil obtener información pública en las instituciones estatales.
Por su parte, el director nacional del organismo Global Community, Jonathan Allen, alegó que hay limitaciones económicas para aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública.
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Sin embargo, siete años después no hay nada que celebrar, afirma la directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien explica que el derecho al acceso a la información pública no está en vigencia.
Violaciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información como las sufridas por las periodistas de LA PRENSA, Izayana Martínez, Lucía Navas y miembros de la Asociación de Pequeños Comerciantes, en la protesta realizada frente a las instalaciones centrales de la Dirección General de Aduanas (DGA), confirman que se está violando ese derecho a los ciudadanos, aseguró Chamorro.
En este séptimo aniversario de la Ley 621, Nicaragua se encuentra con condiciones deterioradas para ejercer el derecho al acceso a la información, contrario a lo que se esperaba con la aprobación de dicha ley, afirmó por su parte Mauro Ampié, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las condiciones para la aplicación de la Ley 621 que tiene Nicaragua se muestran en dos grandes grupos: el ciudadano y el Estado. Según Chamorro “tenemos una ciudadanía que cada vez más ejerce su derecho a la libertad de expresión y también su derecho a saber (sin embargo), el Estado lo que ha expresado es que no tiene voluntad política para brindarle al ciudadano nicaragüense ese derecho fundamental”.
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