Elízabeth Romero
Investigar las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad y reformar la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, son dos de las recomendaciones hechas al Gobierno de Nicaragua por diferentes Estados en la ONU, recientemente en Ginebra, y que fueron rechazadas.
De las 31 recomendaciones rechazadas y 26 en análisis por parte del Gobierno en la reciente evaluación en Naciones Unidas, en Ginebra, los dos temas antes indicados son considerados graves por parte de la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
La representación de Estados Unidos planteó el miércoles pasado durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, investigar las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, y perseguir, en su caso, a los responsables, en conformidad con sus obligaciones y compromisos internacionales. Y Nicaragua se opone a investigar estos casos, manifestó Núñez.
[/doap_box]
“¡Claro que eso es contradictorio cuando los casos que se les señala están documentados. Eso es mentirle a los otros Estados”, dijo por su parte el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray.
Igual pasó con la Ley 779, en la que Australia, Lituania, Eslovaquia y Bélgica recomendaron derogar, invertir, reformar, enmendar lo relativo con las reformas de la misma, que introdujeron la mediación en los casos de violencia contra la mujer.
“Veo súper peligrosa y grave la reiterada negativa contundente a reformar la Ley 779, en el sentido de que no se introdujera la mediación”, expresó Núñez.
La presidenta del Cenidh apuntó que lo grave en todo esto radica además en que “en toda esta cantidad de delitos, a los cuales se está estableciendo la mediación, son la antesala de los femicidios, un hombre no mata en un primer momento (…) cada femicidio ha ido precedido por una serie de delitos”.
Llama la atención además que por ejemplo, el Gobierno rechaza derogar reformas a la Ley 779, pero acepta varias recomendaciones relacionadas con la violencia contra la mujer.
A su vez, entre las recomendaciones rechazadas y las que el Gobierno dejó pendientes, también existen contradicciones. Por ejemplo, en las recomendaciones en las que se establece que “serán examinadas por Nicaragua, que responderá a su debido tiempo, pero a más tardar en la 27 reunión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2014” está la recomendación número 116.1. Esta recomendación establece “tomar las medidas necesarias con el fin de ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos fundamentales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Cedaw”, que fue presentada por Rumanía.
Y es una de las que aparece en primer orden como las rechazadas y que fue planteada por 11 países en su mayoría, como adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero que en el informe del Grupo de Trabajo encabezó con esta leyenda: “Nicaragua considera que estas recomendaciones no pueden ser aceptadas y serían por lo tanto, tenerse en cuenta”.
Cuando estos gobiernos violentan derechos humanos, no se suscriben a estos tratados internacionales, porque temen que después se les pueden revertir, expresó Petray.
Núñez considera que esto tiene que ver con que el Gobierno “guarda en su memoria” la gran responsabilidad que tiene por no haber actuado en su momento contra todos los crímenes que cometió la dictadura somocista o las barbaridades que se cometieron durante la Revolución Sandinista.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
