La Relatoría

Hagamos un poco de historia. En julio de 1997 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la cabeza de un grupo de organizaciones de defensa de la Libertad de Prensa y de los DDHH, organizó en Guatemala la Conferencia Hemisférica, Crímenes sin castigo contra periodistas. En ese momento, lamentablemente como vuelve a ocurrir ahora, arreciaban los asesinatos de periodistas. Entonces las FARC y los “paras” colombianos eran los máximos responsables, como hoy lo son los cárteles mejicanos. En uno y otro caso, mafias del narcotráfico.

Las resoluciones de la Conferencia tuvieron rápido efecto. En noviembre de 1997 la Asamblea General de la Unesco, por unanimidad, condenó “el asesinato y toda violencia física contra periodistas”, con recomendaciones especiales a los gobiernos para combatir este flagelo y que se adopte el principio de “no prescripción” para este tipo de crímenes, que fue el primero de los reclamos de la “Conferencia”. Similar resolución aprobó la Asamblea General de la OEA reunida al año siguiente en Santiago de Chile, ocasión en que además ratifica la creación en el marco de la CIDH de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Precisamente, la recomendación No. 25 de la Conferencia de Guatemala fue pedir a la CIDH la creación “en su seno” de una “Relatoría Especial para la libertad de expresión”.

Tener un relator implicaba un gran avance, pero a la vez una gran apuesta. Se corría el riesgo de instalar un burócrata internacional que podía optar más por ser obediente de las mayorías y de lo políticamente correcto, que por cumplir con su deber. El nuevo funcionario, con poco presupuesto y dependiendo mucho en ello del “aporte” de los miembros, iba a ser objeto de “gestiones”, acercamientos y presiones de todo tipo y desde distinto origen, pero muy especialmente de los gobiernos que, en distintos grados, son todos muy sensibles a las críticas y más de instituciones internacionales.

Quiso la fortuna que el primer relator especial, el abogado argentino Santiago Cantón, asumiera el rol tal cual correspondía. Sí que fue presionado, hostigado e insultado (en estos casos siempre ver Chávez), pero para nada influyó en su conducta y su gestión, marcando así el perfil de la Relatoría hasta hoy.

Pero la suerte no es eterna y es difícil evitar que se genere incertidumbre ante la próxima decisión de los comisionados. Se confía en que no será un hombre con actividad político-partidaria o político-gubernamental, lo que afectaría mucho la autoridad y credibilidad de la Relatoría. Una cosa es contar con un lógico respaldo o reconocimiento del gobierno de su país y otra muy diferente haber estado a su servicio o representándolo oficialmente.

No deja de inquietar a la vez una cierta tendencia anterior de inclinarse por juristas, abogados, o expertos en derechos humanos y hasta por gente de la magistratura, en desmedro de aquellos candidatos con amplia y probada actuación periodística. No es que deban despreciarse ciertas calidades, casi imprescindibles para la tarea, pero tampoco desconocer que en casos no logran cubrir o aprehender algunos aspectos de la actividad periodística, lo que puede afectar sus análisis, interpretaciones y decisiones.

Pueden quedar rengas, y alguna vez se ha observado alguna que otra cojera por esa razón. Por cierto han sido muy escasas y muchísimo menos que las innumerables demandas judiciales y dictámenes que atentan contra la libertad de expresión en nuestros países. Y esto hablando de las de juristas en serio, ni qué hablar de las otras, de las de aquellos a los que la cojera les afecta no solo en su función y profesión sino también en su independencia y su dignidad.

Los comisionados deberían buscarle mejor combinación entre esas calidades. Si logran ese equilibrio sería bueno para la Relatoría, para la libertad de expresión y para todos. El autor es periodista uruguayo, fue presidente de la Sociedad Interamericana.

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