Elízabeth Romero
Estas agrupaciones demandan al Gobierno que se haga cumplir la Política de Estado de la Ley 779 de manera coherente, y disponiendo recursos para responder a esta grave situación que exige respuestas del Estado.
Y critican que las instituciones del Estado han abordado la problemática de la violencia en contra de las mujeres, de modo fragmentada y lenta, lo que a su criterio, contradice el derecho internacional de los derechos humanos.
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A 32 han aumentado los femicidios en el país en lo que va del año, confirmó el jefe en funciones de la Policía, comisionado general Javier Maynard.
El Observatorio de la Red de Mujeres Contra la Violencia también registra igual cantidad de mujeres asesinadas.
El funcionario habló de que esa institución desarrolla acciones para reducir sensiblemente el problema, que ha motivado a las organizaciones defensoras de mujeres a promover plantones para llamar la atención de las autoridades sobre esta situación, la cual no parece disminuir.
Consultado Maynard, sobre algunas declaraciones de defensoras de las mujeres que han dejado entrever que la Policía no está preparada para el cumplimiento de la Ley 779 —Contra la Violencia Hacia la Mujer— este reaccionó: “La Policía es cumplidora estricta de la Ley 779”.
Y añadió que “hay todo un esfuerzo, políticas del Gobierno alrededor de este tema, la estrategia de seguridad ciudadana sobre este tema plantea medidas, acciones alrededor de esto”.
Sin embargo, el pasado 6 de mayo diversas organizaciones defensoras de mujeres dirigieron una comunicación a la Comisión Interinstitucional, a través de la cual señalaban que hasta el primer cuatrimestre del año, el Observatorio de la Red de Mujeres Contra la Violencia, registraba treinta mujeres asesinadas, cinco de ellas habían mediado previamente.
A través de ese documento, las defensoras de derechos responsabilizan de los femicidios a la Comisión Interinstitucional por la falta de seguimiento a la aplicación de la Ley 779.
“Esto alerta y debe poner en alarma a todas las instituciones del Estado de Nicaragua, en tanto la violencia contra las mujeres la estamos viviendo en todo momento”, indican.
“Las estadísticas tienen nombres de mujeres nicaragüenses y quedarán escritas en este y muchos de nuestros documentos de demanda, para crear conciencia en los representantes, responsables de llevar adelante leyes y políticas públicas para revertir esta situación de alerta feminista”, agregan.
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