Leonor Álvarez La libertad de prensa en Nicaragua está limitada por la falta de acceso a la información pública, en un país donde la única forma de obtener versiones y datos del Gobierno es escuchar cada mediodía los monólogos de la primera dama Rosario Murillo Zambrana, quien desempeña el cargo de coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Esa es la situación en Nicaragua cuando hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El hecho más emblemático de la falta de acceso a la información pública es un presidente que en siete años de gobierno no ha ofrecido una sola conferencia de prensa, menciona, “para muestra un botón”, el presidente de la organización civil Hagamos Democracia, Róger Arteaga. Pero para Arteaga, este es solo uno de los hechos que demuestra el nulo interés del presidente inconstitucional Daniel Ortega de abrir un espacio, donde por obligación tiene que responder el porqué de sus actos y decisiones.
ESTILO DE ORTEGA ES COMPRAR MEDIOS
Arteaga explica que muy lejos de un contexto de confiscaciones y censuras a los medios de comunicación, el estilo de este Gobierno es comprarlos y luego tenerlos bajo su control, sin críticas ni cuestionamientos, como fue el caso más claro de Canal 8. Pero Arteaga también menciona que otra característica evidente es no dar pautas publicitarias a los medios que lo critican o adversan, sabiendo que de eso viven. A menudo Ortega menciona en sus largos discursos nocturnos que los “medios de la derecha”, “pagados por el imperialismo”, tienen la libertad de decir lo que quieran en este país, porque afirma que en Nicaragua existe libertad de expresión. En ese sentido, el diputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro Barrios hace ver que el problema en Nicaragua no es la falta de libertad para que los periodistas y los ciudadanos en general expresen su criterio, sino que cada vez son menos los espacios independientes donde pueden expresar sus críticas y hacer análisis que cuestionen al Gobierno.
CONTROL DIRECTO E INDIRECTO
Ortega y su esposa concentran cada vez más el control sobre la mayoría de los medios de comunicación directa o indirectamente, principalmente de los medios televisivos, asegura Chamorro Barrios. El abogado constitucionalista Oscar Castillo Guido opinó que la libertad de prensa en Nicaragua pasa por su peor momento en la actualidad, porque si bien es cierto no hay presión material, agresiones, censuras o acoso militar sobre los medios, sin embargo, el hecho mismo de que se concentre o se desarrolle un monopolio empresarial de medios de comunicación radial, televisivo y escrito, demuestra el afán de los Ortega-Murillo de que la sociedad solo obtenga información de los medios oficialistas. Para Castillo todo eso también es censura, porque explica que limitan al periodista y a la sociedad en general a escuchar y ver la información que ellos transmiten y solo lo que les interesa que se conozca.
LIBERTAD DE PRENSA EN SU PEOR MOMENTO
“Si a eso le agregamos la falta de equidad en la distribución de la publicidad, que se vuelve casi nula para los medios independientes, entonces en suma confirmo que la libertad de prensa está en su peor momento”, afirma Castillo. Castillo asegura que todas estas circunstancias violan los derechos humanos fundamentales y la garantía constitucional de los nicaragüenses a ser informados con veracidad, con amplia cobertura, sin monopolios de la comunicación y con libertad de expresión, “sin censura a los que pensamos diferentes a estos medios oficialistas”. Asimismo, el empresario radial y excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla manifestó que la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) es otra ley que se hizo para no cumplirse. La Ley 621 no ha sido suficiente para obligar a Ortega a presentar la información de carácter público que los ciudadanos deben conocer por derecho, sin embargo, al menos es la medida que se usa para poner en evidencia que la gran mayoría de las instituciones públicas y hasta sus sitios web no cumplen con los requisitos de este marco legal. Gadea agregó que el Gobierno ni siquiera permite que los ministros hablen, y si lo hacen son despedidos de sus cargos inmediatamente.
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