Elízabeth Romero
A casi dos años de implementada la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, en el país han sido asesinadas 142 mujeres, según contabiliza la Red de Mujeres Contra la Violencia. La Ley se empezó a implementar el 22 de junio del 2012.
Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), indicó que por menos muertes, por una enfermedad como la tifoidea, Nicaragua estaría bajo emergencia. Y calificó de “carnicería” lo que ocurre contra las mujeres.
Solís dijo que los operadores de justicia, en especial las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberían pedir perdón a las mujeres. Y recordó que fue la misma CSJ que promovió que en una reforma a la Ley 779 se incorporara la mediación.
Aunque Solís reconoció que “la Ley es apenas un instrumento”, estimó que para resolver la problemática que sufren las mujeres, requiere de un cambio estructural.
Según se conoció, la razón de la suspensión fue porque la fiscal Marina Urbina no podía asistir.
Familiares y miembros de la Asociación de Mujeres Contra la Violencia Axayacatl, se mostraron inconformes.
Elia Palacios, coordinadora de Axayacatl, señaló que el Gobierno debió de haber decretado una “alerta roja”, por los femicidios.
“Estamos en una situación de alerta de femicidios continuos, en donde se ha incrementado la saña y la crueldad, en donde aparecen hasta policías involucrados”, refirió Palacios, quien demandó: “No queremos palabras románticas, queremos acciones”.
Noel Amilcar Gallegos
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REFORMA SIN ESTUDIO PREVIO
Además, Solís criticó que la Ley fue reformada en la Asamblea Nacional sin ningún estudio previo, por lo que se reformó “para peor”. Todo lo que hubo alrededor de la reforma “fue una enorme frivolidad”, sostuvo Solís. Criticó que muchas veces incide el tráfico de influencias al momento de aplicar la Ley, lo que lleva a la impunidad.
Asimismo, advirtió que no debe hacerse una diferencia de violencia pequeña con violencia extrema, pues muchas veces lo que comienza con un rasguño termina en femicidio.
Al analizar la incidencia de la violencia durante el primer trimestre de 2014, la Red de Mujeres demandó al Estado de Nicaragua que asuma esa problemática como una prioridad.
Al tiempo que denunció que el sistema de justicia “tiene como práctica frecuente la retardación de justicia, la revictimización y la impunidad que deja en libertad a los agresores, abusadores sexuales y femicidas”.

LLAMAN A PROFUNDIZAR INVESTIGACIONES
Aída Morales, la abogada del Movimiento María Elena Cuadra, señaló que “más que faltarle a la Ley, le falta a las instituciones del Estado”, que no profundizan en sus investigaciones.
“Nos quedamos solo con la perspectiva jurídica”, dice Morales, quien apuntó que comúnmente en los casos de violencia no hay un seguimiento especializado del agresor. Y piensa que posiblemente no es que haya aumentado la violencia, sino que con la Ley 779 ahora las organizaciones contabilizan más los casos de femicidios.
Enelvia Ballesteros, la psicóloga del María Elena Cuadra, defendió la Ley que calificó como “un instrumento valiosísimo” y respondió a señalamientos de algunos sectores que la responsabilizan del aumento de la violencia contra las mujeres.
“La Ley no es la culpable, los responsables somos todos y todas, empezando con la mujer que aprenda a conocer con quién se está involucrando”, expresó Ballesteros, quien aconsejó a las jóvenes que deben tomarse un tiempo prudencial en el noviazgo antes de sostener una relación más seria.
Ballesteros refirió que debe haber programas especializados para reeducar a los hombres, estos deben participar en talleres de control de la ira. Y es necesario que estos también se apropien de la Ley y busquen ayuda.
Para la psicóloga, el femicidio es el último peldaño de la violencia que empieza con un grito, una mala palabra y al no poner un alto la mujer se vuelve víctima de su agresor.
Ballesteros describió un patrón de los agresores: son celos que no tienen nada que ver con el amor y se vuelven controladores, lo que revela falta de confianza.
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