El diálogo de los obispos con el gobierno de Ortega toma, en perspectiva, un rumbo reaccionario peligroso. Es una alternativa previsible y probable, dada la naturaleza burocrática y verticalista de ambos dialogantes.
Nuestro país es uno de los seis, a nivel mundial (entre ellos, el Vaticano), que prohíbe el aborto terapéutico. Y el único que bajo influencia religiosa ha cambiado en sentido regresivo su Código Penal, para castigar el derecho a salvaguardar la vida de la mujer bajo consejo y atención médica. Conquistado por las mujeres, en nuestro país, desde 1891.
Ahora, los obispos anuncian que a finales del mes de mayo llevarán como tema de diálogo con el Gobierno, la familia. La cual, parece que abordarían restringidamente, desde la perspectiva religiosa del matrimonio. Obviamente, enfrentamos el peligro de un pacto político-religioso, en el que, por desgracia ciudadana, se intercambiaría un poco de legitimidad ideológica subliminal por una importante reducción religiosa de los derechos civiles.
Un artículo de Humberto Belli, publicado en la página de opinión del Diario LA PRENSA, del 21 de abril, titulado “Que no quede fuera del tintero”, expresa las ideas sobre el matrimonio que los obispos estarían preparando para su entendimiento con el gobierno de Ortega.
Belli escribe, a despropósito: “La institución más débil de nuestro país es la familia. La causa de ello es que el Estado frecuentemente mina el matrimonio. Fomentar y fortalecer la unión matrimonial es fundamental para el bienestar de la sociedad”.
¿Por qué? ¿Cómo puede beneficiar a la sociedad moderna que una pareja se vea forzada a fingir y a soportar una unión conflictiva, si esta ya no es producto de la libre voluntad, del crecimiento personal de ambos, de la armonía y la compatibilidad de caracteres y de metas, o del amor y el cariño? No hay argumento legal a favor del sometimiento conyugal a perpetuidad, que tengan valor universal, desde una óptica humana.
“Los casados —insiste Belli— gozan de mejor salud física, emocional y psíquica, y están más estimulados a aumentar sus ingresos, que los que viven solos o cohabitan. Igual sus hijos”. ¡Las tonterías y engaños simplones que el fanatismo se atreve a presentar como si fuesen datos científicos! Elude, así, con total mala fe, la carencia absoluta de argumentos desde la perspectiva religiosa, contra la conquista civil de la unión de hecho estable o contra el divorcio.
“Estas realidades —escribe Belli, como si sus prejuicios fuesen ciertos— aconsejan llevar el tema del matrimonio y la familia al diálogo con el poder. Habrá que revisar la actual legislación divorcista, la cual requiere de dos voluntades para casarse, pero solo una para romper el vínculo. Se deberán establecer estímulos fiscales y laborales que privilegien, con una auténtica discriminación positiva, a quienes asumen, por toda la vida, el compromiso público y noble del matrimonio. Los obispos pueden procurar que el Gobierno se comprometa a fortalecer la más débil e importante de todas las instituciones”.
Toda unión, por lógica elemental, requiere un acuerdo de voluntades. Lo que sorprende es que Belli pretenda —como otras cosas sin sentido lógico— que el desacuerdo (peor aún si atañe al proyecto de la propia existencia) también sea, siempre, producto de un acuerdo de voluntades.
Está claro que Belli, luego de consultas privadas en el mundo episcopal, expresa que los obispos reclamarán a Ortega la destrucción del sustento jurídico que protege las uniones de hecho estables y el derecho al divorcio. Y que Ortega, como Enrique IV, respondería oportunamente al pacto con los obispos: “Paris bien vale una misa”.
El divorcio es una conquista de la civilización. Por ello, es un verdadero crimen, un atentado contra la sociedad y contra la libertad individual, la idea que Belli atribuye a los obispos, de restringir el derecho al divorcio. Más aún, cuando Belli propone una represión discriminatoria, fiscal y laboral, contra aquellos que ejercen su derecho a divorciarse o a cohabitar.
La dictadura, con el pacto clerical esbozado por Belli, asumiría un rostro más cruel, más represivo, más estúpido y retrógrado. Contravendría, así, la Constitución y el sentido más elemental de los pensadores de la Ilustración, respecto a la igualdad ciudadana frente a la estructura jurídica de la nación. El autor es ingeniero eléctrico
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