Buenos Aires/ EFE
Los sindicatos opositores paralizaron ayer en Argentina con una huelga general que bloqueó el transporte y constituyó una demostración de fuerza frente al Gobierno de Cristina Fernández, abocado a frenar la inflación e inmerso en una senda de ajustes que alimenta el descontento social.
“Señora presidenta, presten atención a este mensaje de la gente, hay que dejar la soberbia y el maltrato permanente”, insistió el dirigente sindical para quien el Gobierno de Fernández debe “dar respuesta a los reclamos de la gente, la inseguridad, la inflación, la devaluación, el tope en la negociación salarial”.
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Más de un millón de trabajadores, según las cifras facilitadas por el ala opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal convocante al paro, se han adherido a la huelga, convocada contra el “ajuste, la inflación y la inseguridad”.
Organizada por tres centrales sindicales argentinas opositoras, la protesta logró paralizar aeropuertos, puertos, ferrocarriles y transporte urbano y suburbano, así como los servicios de recogida de basuras y abastecimiento de combustible.
Piquetes apostados en los principales accesos a Buenos Aires bloquearon el paso a los automóviles y protagonizaron los únicos incidentes de la jornada, que se saldaron con seis detenidos y un herido leve en enfrentamientos con la policía en la Carretera Panamericana.
La segunda huelga general que afronta Cristina Fernández ha sido convocada por el ala opositora de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, cabeza del poderoso sindicato de camioneros, que pasó de ser un férreo aliado del Gobierno a un acérrimo rival.
Los gremios exigen subidas salariales por encima del cuarenta por ciento para evitar una pérdida del poder adquisitivo y un aumento del tope salarial exento del pago del impuesto a las ganancias, que pesa sobre los trabajadores que ganan más de 15,000 pesos mensuales (1,875 dólares).
La protesta coincide con una delicada coyuntura económica en el país, con una inflación superior al treinta por ciento —la segunda más alta de América Latina, detrás de Venezuela—, y una estrategia de recortes a los subsidios que en la práctica constituye un “tarifazo” en servicios básicos como el gas o la electricidad, tras una devaluación del veinte por ciento del peso argentino frente al dólar.
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