A raíz de la noticia del posible diálogo entre la Conferencia Episcopal y el actual Gobierno, se han generado muchas expectativas en diversos sectores de la población. De hecho, varias personas se han referido a este asunto a través de artículos con este mismo título y en este mismo diario.
Para comenzar, hay que tener presente que el Gobierno con el que dialogaría la Conferencia Episcopal es ilegítimo, y se ha apoderado del Estado y de las instituciones de manera fraudulenta.
Frente a esto hay que tener claro cuál es para nosotros la fuente legítima del poder en una democracia. Si bien las elecciones no son el único elemento que sostiene la democracia, sí es algo fundamental: es precisamente el “fundamento” que legitima el poder de gobernar desde la voluntad soberana del pueblo expresada en un proceso electoral transparente y justo.
El gobierno de la pareja Ortega-Murillo y sus allegados se han adueñado del Estado de manera ilegal e ilegítima, de modo que a través del poder y la riqueza que han acumulado, tienen en sus manos los diversos hilos que mueven la vida política del país.
Frente a esta situación caben varias posibles opciones: la primera, desconocer al actual gobierno, si es que para nosotros la fuente de legitimidad es la voluntad soberana del pueblo. Otra, aceptar la situación de manera resignada (el pragmatismo resignado, de que habla Andrés Pérez Baltodano).
Gioconda Belli publicó hace ya unos años un artículo en el que decía cómo la pareja Ortega-Murillo, a través de sus artimañas, nos ha colocado en una situación nacional de permanente esquizofrenia: por una parte, sabemos que este gobierno carece de legitimidad, pero por otra, nos vemos obligadas en muchas ocasiones de actuar como si lo fuera. De hecho, creo que la inmensa mayoría de nicaragüenses actuamos de ese modo: pagamos impuestos a sabiendas de que existe una corrupción que se apropia de gran parte de los bienes del Estado; introducimos recursos de amparo aunque sabemos que la llamada Corte Suprema de Justicia obedece las órdenes “de arriba”; protestamos frente a la Asamblea Nacional a sabiendas de que no existe independencia de los poderes del Estado.
Y una tercera posibilidad, consiste, como señala Arthur Stinchcomb, en que un gobierno ilegítimo cree (o intente crear) legitimidad a través del reconocimiento que pueda obtener mediante la aprobación que obtenga de otros titulares de poder (en este caso la CEN) reconocidos por el pueblo como legítimos.
Este es el riesgo que asumieron los obispos al aceptar el diálogo —dado que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) goza de un amplio reconocimiento de parte del pueblo cristiano que aún es mayoritariamente católico, e incluso de algunos no católicos— con un gobierno ilegítimo. A raíz del nombramiento del obispo Brenes como Cardenal, el mal-gobierno (como dirían los zapatistas) ha cambiado su estrategia que consistía en ignorar a la CEN, por otra de acercamiento, que incluso llegó a organizar un gran recibimiento al Cardenal cuando vino de Roma. En esta misma línea está la propuesta de diálogo que hizo Ortega en la cena ofrecida por el Nuncio. ¿Qué pretende el gobierno Ortega-Murillo? Evidentemente, ganar espacios de legitimidad al ser reconocidos por la CEN como interlocutor legítimo.
Los obispos sólo tienen una manera de no caer en la trampa:
Primero: crear condiciones para que la agenda a discutir sea pública; que el diálogo mismo sea público (transmitido íntegramente a través de los canales de TV y cubiertos en su totalidad por los periodistas, sin impedir la entrada a los medios de la oposición)
Segundo, tener una actitud profética firme, con raíces en el Evangelio y no en intereses politiqueros. Una voz profética que denuncie el hecho de que este gobierno carece de legitimidad, y que les haga un llamado radical a la conversión, que incluye no sólo un cambio de conducta, sino la reparación del daño causado a la nación. Es decir, que los insten a abandonar el poder del que se apoderado mediante un gigantesco fraude.
Tercero, que contribuyan al establecimiento de una Junta de Gobierno compuesta por ciudadanos y ciudadanas íntegros, de reconocida honestidad e independencia, que convoque en el menor plazo posible a elecciones libres y transparentes, cuyos resultado sean respetados.
En conclusión, mi respuesta a la pregunta de ¿qué hay que cambiar en Nicaragua? es muy simple: ¡Lo que hay que cambiar es al Gobierno!
De no hacer esto, la CEN estaría haciendo el juego a un régimen ilegítimo e inconstitucional, y desmoralizando al pueblo que espera de sus pastores una voz profética que anime a construir la esperanza de que “otra Nicaragua es posible”. La autora es escritora.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
