La Asamblea Nacional eligió ayer a los miembros propietarios y suplentes de la Contraloría, así como al procurador y al subprocurador de Derechos Humanos, escogidos de las propuestas del FSLN. Fueron elegidos solo por los diputados oficialistas, con la abstención de la bancada del PLI mientras que los dos representantes del MRS se retiraron en protesta contra lo que calificaron como una “farsa” orteguista.
Se espera que en la sesión de hoy, y a más tardar mañana, la Asamblea Nacional elija los demás cargos vencidos, entre los cuales los más importantes son, sin duda, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral.
Los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) no votaron en la elección de ayer, ni fue elegido nadie de sus listas de candidatos, porque el FSLN les pone como condición que deben votar por la reelección de Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral. Pero está muy bien que el PLI rechace ese chantaje. Aunque no consiga ninguno de los cargos que está eligiendo la Asamblea Nacional, la oposición parlamentaria que representa el PLI no puede someterse a la humillación de votar por Roberto Rivas. Lo que perdería sometiéndose a las condiciones que le quiere imponer el FSLN, es mucho más valioso que un par de cargos públicos. Por mucho que se diga que en la política, incluso en la política democrática, la ética es relativa y en algunas ocasiones hay que sacrificar principios para poder conseguir determinados objetivos, lo cierto es que aun en los partidos políticos, el honor y la responsabilidad ante los ciudadanos deben estar por encima de todo, máxime cuando se tiene que enfrentar la gigantesca tarea de reconquistar la confianza de la gente y convencerla de que vale la pena y es necesario luchar por la reconquista de la democracia.
En realidad, la elección en la Asamblea Nacional de los cargos estatales vencidos que han venido siendo ejercidos por funcionarios de facto, no va a cambiar absolutamente en nada las instituciones del Estado. El Consejo Supremo Electoral seguirá siendo el mismo organismo corrupto, un taller de fraudes electorales para mantener al orteguismo en el poder. La Corte Suprema de Justicia continuará desvirtuada por el partidarismo político, el prevaricato y la corrupción, y los nicaragüenses se mantendrán desprotegidos por falta de justicia independiente y honorable. La Contraloría seguirá haciéndose la desentendida ante la rampante corrupción gubernamental y la Procuraduría de los Derechos Humanos, continuará justificando con descaro las violaciones gubernamentales de los derechos humanos.
La presencia en esas instituciones pervertidas de algunas personas independientes u opositoras idóneas, como sin duda las hay en las listas que propuso el PLI, serviría quizás para realizar una función de vigilancia, la cual es muy importante en el sistema democrático; pero en Nicaragua, bajo la dictadura orteguista lo más seguro es que ni siquiera eso se pueda lograr.
Finalmente, es importante tomar nota de que después de esta elección de funcionarios estatales en la Asamblea Nacional, al estilo orteguista, ya no se deberá decir que hay funcionarios del FSLN y funcionarios del PLC. Ahora todos serán igual y descaradamente orteguistas.
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