Freddy Blandón
La sociedad nicaragüense, por nuestra cultura política de “separación y contradicción” tiene dificultades para identificar y unirse alrededor de temas de interés nacional, y por ello hemos sido incapaces de alcanzar un acuerdo integral que nos permita construir la sociedad que anhelamos.
Lo cierto es que debemos replantearnos recomponer la “ruptura del tejido social”, trabajar para que el fenómeno de la disociación y fragmentación se disipe, y hagamos converger las diversidades de cada uno de los actores sociales. Y para ello se debe dar un primer paso. Debemos identificar las coincidencias mínimas y abandonar la cultura de “destrucción moral”.
En esa dirección en un escrito anterior expuse que estamos en el momento oportuno para avanzar en el “fortalecimiento de la institucionalidad política”, y con ello fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad democrática que el país requiere para mejorar el desempeño económico actual y superar los indicadores sociales negativos que arrastramos por décadas.
Ese pareciera es un tema sobre el cual existe suficiente coincidencia y sobre el que deberíamos invariablemente trabajar. No obstante, el tema de la institucionalidad es amplio, y por ello, debemos priorizar.
En ese orden de prioridades, existe coincidencia en el tema de la “institucionalidad electoral”. Por un lado, se plantea la necesaria recomposición de la autoridad electoral para garantizar transparencia e imparcialidad, y para ello lo determinante de la elección de las mismas conforme el procedimiento constitucional. Y por otro, la urgente reforma de la Ley electoral como condición necesaria para mejorar la calidad democrática de los procesos electorales.
En relación a lo primero, corresponderá a la oposición y al gobierno a través de sus bancadas legislativas aprovechar la oportunidad para dotarnos de un “árbitro creíble” o por el contrario, someternos a un proceso electoral caracterizado nuevamente por la “opacidad”.
En cuanto a lo segundo, es necesario identificar los aspectos que se requieren fortalecer para mejorar la “calidad democrática” de los procesos electorales, sabiendo que el marco legal que ha regido el proceso electoral, prácticamente es el mismo que en las anteriores elecciones generales de 2001, 2006 y 2011; ya que las últimas reformas del 2012 no observaron las recomendaciones de los partidos de oposición, la UE, la OEA ni las realizadas por el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, ni atendieron los problemas estructurales de la ley, y por ello fueron calificadas de “cosméticas e insuficientes”.
En ese orden debemos destacar lo referente a la legislación sobre partidos políticos, en cuanto a su creación y supervivencia jurídica, el cual es extraordinariamente “restrictivo”, al extremo de que puede llevar a la pérdida de la personería jurídica del partido; tal y como ya ha pasado.
También es necesario resolver la “ambigua y engorrosa” regulación legal sobre el tema de la representación legal y titularidad de los partidos que, combinada con los amplios poderes que se atribuye el Consejo Supremo Electoral (CSE) para resolver disputas internas de aquellos, ha permitido una excesiva injerencia de ese poder del Estado en la estabilidad de los mismos.
Un tema que no puede dejar de revisarse es la regulación de importantes “procedimientos electorales”, tales como la sumatoria y publicación de resultados o las quejas, impugnaciones y recursos; los cuales son resueltos normativamente y a discreción, por el propio CSE. Así como el tema de la identificación ciudadana, y sobre todo, su aplicación por el CSE, que no permite dar respuestas eficaces a los problemas de depuración del Registro Civil y cedulación de los ciudadanos.
Es preciso que se revise la “creatividad” del CSE para crear figuras no contempladas en la ley ni reguladas en reglamento alguno, como lo fue la de los coordinadores de centro de votación o los técnicos de ruta, nombrados discrecionalmente por el CSE sin intervención alguna de los partidos políticos y dotados de grandes poderes en la conducción de operaciones electorales fundamentales.
Otro tema que también debería quedar resuelto en forma definitiva es la negativa del CSE a acreditar a organizaciones de observación nacional; la escasa y tardía divulgación de los formatos de las actas o de los manuales de procedimiento; y la publicación de los resultados desagregados por JRV.
El reto está en que las coincidencias que tenemos como sociedad para exigir la institucionalidad electoral, nos deben unir para demandar un CSE comprometido con los principios de neutralidad, transparencia, independencia y sujeción a la ley. Nos deben motivar para respaldar una reforma legislativa que mejore la calidad democrática de nuestro sistema electoral. Pero sobre todo nos deben hacer creer que tenemos la capacidad colectiva para construir un país más próspero y democrático. El autor es máster en derecho público
