Elízabeth Romero
El representante del Estado de Nicaragua en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luis Alvarado, admitió este martes 25 de abril que en el país se incumplen las órdenes de libertad emitidas por el poder judicial para privados de libertad del sistema penitenciario.
Alvarado manifestó que esto es motivado porque han sido detectadas “falsificaciones” de las sentencias. Luego, en la misma audiencia, Alvarado cambió la versión sobre la negación de órdenes de libertad y dijo que lo que se hace es “verificarlas”.
“Siguen culpando a administraciones anteriores”, dijo Ampié. La presidenta de la audiencia, Tracy Robinson, le consultó a Alvarado por qué no permiten que organizaciones de la sociedad civil como el Cenidh monitoreen la situación carcelaria en Nicaragua.
Alvarado no fue preciso en su respuesta y habló de la reciente visita permitida a la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
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Esta admisión y justificación la hizo ante señalamientos de comisionados de la CIDH y del director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, quien le recordó que magistrados con periodo vencido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han expresado su inconformidad ante la negativa de las penitenciarías de cumplir con las órdenes judiciales.
EXPONEN CONDICIONES CARCELARIAS Y DERECHOS DE INDÍGENAS
En el 150 periodo de sesiones de la CIDH, representantes del Cenidh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), expusieron, en dos audiencias por separado, la difícil condición de los privados de libertad y de los derechos indígenas de las Regiones Autónomas de Nicaragua.
Una vez más en la audiencia los comisionados de la CIDH, en particular la presidenta de la audiencia, Tracy Robinson, insistió en que se permita una visita al país para verificar las denuncias. Y otra vez, el representante del Estado prometió “tramitar la solicitud”, respuesta que para Ampié es una negación “descarada”.
En la sesión se expuso el incumplimiento de las órdenes de libertad, hacinamiento en las cárceles, tanto del Sistema Penitenciario Nacional, como de la Policía, amotinamientos en ambos sitios, violaciones sexuales, muertes de detenidos y la falta de acceso al Cenidh para verificar denuncias.
Ampié lamentó que a pesar de la objetiva presentación que hicieron con casos concretos, vídeos y testimonios, vieron con preocupación que el representante del Estado “al citar la Constitución, plantea que las cosas son así. Por eso le recordamos que lo que la norma establece, es lo que no se está cumpliendo”.
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