Víctor Manuel Marchena, de 26 años, se inscribió en un listado de internos que deseaba estudiar. Pero un oficial de La Modelo revisó el cuaderno y le expresó que él no podía integrarse porque es del grupo de Operación Sur.
“Sos delincuente, vos no vas a salir”, habría expresado el oficial, denunció la esposa del reo, Jenifer Busto Treminio.
La denunciante indicó que igual pasó cuando el interno pretendió integrarse al equipo de beisbol. El hombre debe permanecer “empernado”.
Mientras Mayela Espinoza señaló que en el caso de su esposo Geovani Solís Sánchez, un médico le ha referido que “como está acusado de narcotráfico no tienen ningún beneficio… ¿está condenado a muerte?”, preguntó la mujer.
Un grupo de cónyuges de los detenidos en ese operativo policial denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) las anomalías que enfrentan, pues aún el juez Noveno de Distrito de Juicio, Edgard Altamirano, no les lee el tiempo de la pena.
Espinoza señaló que en este caso no les comprobaron las acusaciones que les hicieron.
“En el grupo no hay talco, ni hay harina, no hay cal, no hay drogas ¿por qué yo no tengo un amigo político, mi esposo se va a morir como animal allí?, no es justo”, se quejó ella.
Ana María Espinoza, madre de José Luis Espinoza, se lamentó en similares condiciones. Su hijo padece de migraña, pero no tiene medicamento a lo interno del penal, no lo envían al médico y no le permiten ingresarle medicamento sin receta médica.
El abogado del Cenidh, Norwin Solano, quien escuchó las denuncias, manifestó que el penal debe garantizar que los internos que sufren enfermedades crónicas sean atendidos de manera oportuna.
El hecho de que los detenidos estén condenados por narcotráfico no implica que el Estado deba desatenderse en mejorar las condiciones carcelarias, para que estos tengan las mismas oportunidades que los demás reclusos, sostuvo Solano.
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