Max L. Lacayo
La declaración sobre Venezuela que aprobó el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado viernes 7 de marzo, es un minúsculo y artero juego de palabras. El gobierno venezolano ha respondido a masivas, pacíficas protestas públicas con asesinatos, ejecuciones, encarcelamientos ilegales, palizas, torturas agravadas y el abierto despliegue de la represión sistémica. Ante estas calamidades el gobierno panameño solicitó la reunión en sesión extraordinaria del Consejo Permanente con la finalidad de que se discutiera el mérito de convocar a los cancilleres del continente para analizar la crítica situación venezolana. En lugar de ello, todo lo que se logró fue una burlesca, negligente declaración de parte del organismo interamericano.
Según su título, la declaración emitida por la OEA pretende ser de “solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz en la república bolivariana de Venezuela”. A lo que uno se pregunta: ¿Cuál institucionalidad?, ¿cuál diálogo?, ¿cuál paz? En escasas 220 palabras el Consejo Permanente, después de dos días de deliberaciones, declara con ligereza sus condolencias y solidaridad con las muertes de manifestantes y con el Gobierno y “hace votos para que las investigaciones tengan una rápida y justa conclusión”. Tristemente, esto es un juego de asociaciones de conceptos de sentido contrario; equivalente a hablar del “bullicio del silencio” o de “las tinieblas de la luz”. En el actual despótico gobierno venezolano no hay lugar para tales investigaciones, mucho menos expeditas y justas.
Seguidamente, el Consejo declara que respeta el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y que se apega a la Carta constitutiva de la OEA y al derecho internacional. Pero inmediatamente después hace un reconocimiento, da su pleno respaldo y alienta las iniciativas y los esfuerzos del “gobierno democráticamente electo de Venezuela” y de todos los sectores para que continúen “avanzando en el proceso de diálogo nacional, hacia la reconciliación política y social, en el marco del pleno respeto a las garantías constitucionales de todos y por parte de todos los actores democráticos”. Esta es la forma cómo la OEA voltea la mirada y calla ante la barbarie del gobierno venezolano: con escritos cajoneros para encubrir su silencio, su complicidad y su participación conspirativa contra la democracia, a favor de un desnaturalizado socialismo y por el interés de los recursos provenientes del petróleo y el narcotráfico.
En contraste, en 1979, la OEA sí convocó a la Reunión de Consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Así fue que, el 23 de junio de 1979, la XVII Reunión de Consulta emitió el histórico Proyecto de Resolución que consideraba “los horrores de una lucha sangrienta” en Nicaragua y la “obligación de los países americanos a ejercer todos los esfuerzos disponibles para poner fin a la matanza”. Esta Reunión de Consulta declaraba que la solución de este problema grave pertenecía “exclusivamente al pueblo nicaragüense”, al mismo tiempo que demandaba “el remplazo inmediato y definitivo del régimen somocista, la instalación de un gobierno democrático que reflejara la libre voluntad del pueblo de Nicaragua y garantizara la paz, la libertad y la justicia”. Finalmente la resolución instaba a los Estados miembros a “realizar todos los pasos dentro de su potencial para apresurar una solución durable y pacífica al problema nicaragüense”. Daniel Ortega y el FSLN son, desde entonces, su prescripción de gobierno democrático para Nicaragua.Evidentemente, la OEA habita en los rincones más tenebrosos de la historia. El autor es economista y escritor.
