Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
La Fiscalía costarricense prevé presentar durante el segundo semestre de este año, acusación formal a los señalados de cometer irregularidades en la construcción de la carretera fronteriza con Nicaragua, el proyecto emblema del gobierno saliente de Laura Chinchilla que terminó en el más sonado escándalo de corrupción.
Según el fiscal general, Jorge Chavarría, por este sonado caso hay 24 imputados y 131 testigos, tras 56 allanamientos realizados por el Ministerio Público y la policía judicial. El fiscal adjunto de Probidad y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, indicó que espera un informe contable del Organismo de Investigación sobre el uso del dinero de la carretera para acusar formalmente en el segundo semestre del 2014.
Chavarría indicó que el caso es el dolor de cabeza de la Fiscalía, mientras que Cubillo destacó los avances en la investigación a pesar de los pocos recursos con los que cuenta el Ministerio Público.
Entre los acusados figuran el ingeniero Manuel Serrano y el técnico Miguel Ramírez, ambos funcionarios separados del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), quienes son acusados de peculado en la apertura de la obra. Ellos permanecen en libertad condicional tras haber cumplido el año pasado diez meses de prisión preventiva.
Otros acusados son los empresarios constructores David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz, quienes tienen como medidas cautelares impedimento de salida del país y firmar en un juzgado cada 15 días. Ellos también son acusados de peculado, un delito que atribuye cárcel de 3 a 12 años a funcionarios públicos o particulares que distraiga dinero o bienes cuya custodia o administración le fue confiada a razón de su cargo.
Según la fiscalía, los empresarios constructores les pagaron una fiesta a los dos funcionarios del Conavi que supervisaban la apertura de la carretera en un centro nocturno de San José, hasta por un valor cercano a los 5 mil dólares (de acuerdo con el tipo de cambio actual), un viaje a Estados Unidos y un tour de placer en helicóptero.
Además, detectaron irregularidades como realización de obras “en las cuales se aumentaron las horas de trabajo de las maquinarias, maquinaria que no trabajó, maquinaria que aparece con reportes de estar trabajando en dos sitios a la vez, etc, etc”, de acuerdo con Chavarría.
Las irregularidades fueron denunciadas por la propia mandataria Laura Chinchilla, en mayo del 2012, calificando de traidores a la patria a los señalados.
Así como la carretera no será terminada durante la administración de Chinchilla, quien entrega el poder el 8 de mayo próximo, tampoco el caso en el Poder Judicial finalizará este año, según Cubillo.
La vía de 160 kilómetros bordea el río San Juan y aunque hay tramos en buenas condiciones, otros aún muestran las secuelas del desastre con puentes hechos de madera y contenedores de camión destruidos, alcantarillas falladas, zanjas profundas y trechos llenos de monte. El gobierno ha invertido más de 40 millones de dólares en esta obra. Aún falta reconstruirla.
