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MARTHA VÁSQUEZ
La magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la Corte en Pleno tomó la decisión de trasladar de funciones y no destituir a Marlen Ramírez, quien era titular del Registro Público de la Propiedad y Mercantil de Estelí, porque no existen pruebas contundentes de las anomalías que se le señalan.
Ramírez, según un informe de auditoría realizado por Inspectoría Registral, en febrero pasado, inscribió 28 propiedades sin contar con el avalúo catastral, causando un perjuicio al Estado de más de dos millones de córdobas, que la Dirección General de Ingresos (DGI), logró recuperar cobrando cliente por cliente, después de enterarse del asunto.
“Optamos por el traslado como juez de Distrito Penal de Adolescentes de Matagalpa; porque existen versiones diferentes y ante esta situación de duda, porque no hay prueba contundente, se decidió el traslado porque no es que vas a llegar cortando cabezas así no más”, dijo Ramos.
Bajo supervisión
Sin embargo, la funcionaria aclaró que la permanencia de Ramírez dentro del poder judicial dependerá de cómo se desempeña en ese nuevo cargo como juez de adolescentes en Matagalpa.
“Además no se le trasladó (a Marlen) a un cargo igual, sino a uno diferente donde no hay dinero, ni aranceles, no hay prestación de servicios y todo depende de cómo se desempeñe”, dijo Ramos.
La exregistradora, según informe presentado a los magistrados de la Corte Suprema, además de inscribir propiedades de manera anómala, supuestamente cobraba hasta ochenta mil córdobas a ciudadanos para poder inscribir propiedades el mismo día.
También centralizaba la entrega de documentos y no llevaba los libros de control que manda la ley de los registros públicos, para una mejor administración y transparencia del servicio.
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