posición, sería la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Así lo expresó Leopoldo López, el líder encarcelado, en una reunión que sostuvimos hace pocos meses en Costa Rica para construir, desde una perspectiva progresista, un proyecto de “solidaridad democrática” entre quienes nos oponemos a los llamados “socialismos del siglo XXI”. En efecto, el Artículo 348 de la Constitución de Venezuela contempla la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente si lo solicita el presidente Maduro, o bien “el quince por ciento de los electores y las electoras inscritas en el Registro Civil y electoral”.
El referendo revocatorio, otra opción, no es deseable. En primer lugar, hay que esperar hasta la mitad del período de Maduro, es decir, 2016. La crisis no aguanta para tanto. En segundo lugar, en un referendo una parte gana todo y la otra pierde todo, de modo que la división polarizada del país, por mitades, continuaría. En una Asamblea Constituyente todos ganarían y perderían algo. El compromiso sería inevitable, toda vez que tanto el chavismo como la oposición son relativamente plurales, y las múltiples alianzas posibles harán inevitable la negociación y el compromiso.
Una Asamblea Constituyente deberá conducir a una redefinición del actual modelo de Estado que dé cuenta, como mínimo, de dos extremos: la inclusión social que ha propiciado el chavismo, y las demandas de Estado de Derecho democrático que enarbola la oposición. La gigantesca riqueza petrolera y el potencial productivo de Venezuela da suficiente holgura para compatibilizar esos extremos, en una convergencia de equidad, economía de mercado y democracia liberal.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), donde se aglutina la oposición, no tiene obstáculo en acoger las reivindicaciones de los sectores populares. De hecho, las dos corrientes fundacionales de la oposición al chavismo, la socialdemócrata y la socialcristiana, tienen a la justicia social en su eje ideológico, aunque sus gobiernos previos al chavismo condujeron en la práctica a una desigual distribución de la renta nacional. El chavismo, en cambio, que ha favorecido la inclusión social y, a la vez, la creación de nuevas élites económicas rentistas —como en Nicaragua, por cierto— pero bajo un modelo insostenible económicamente, tiene más dificultades en aceptar las demandas democráticas de la oposición. Así que en Venezuela, sin otra salida que no sea la negociación, Maduro tiene la palabra. El autor fue candidato a vicepresidente de Nicaragua.
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