Leonor Álvarez, Tania Sirias y Lucía Navas
El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, acumula en la Fiscalía General de la República, denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, defraudación aduanera, incumplimiento de sus deberes por no publicar la totalidad de los resultados electorales y otras irregularidades en las elecciones que ha dirigido en los últimos seis años, sin embargo, para el diputado sandinista Edwin Castro, este funcionario “reúne todos los requisitos” para seguir en el cargo.
Castro también resta importancia a informes de organizaciones internacionales de observación electoral que calificaron de retroceso democrático y falta de transparencia el proceso de elecciones presidenciales dirigido por Rivas Reyes en 2011.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) dejó registro en su informe final sobre los comicios de 2011, de que hubo un retroceso en la “calidad democrática” de los procesos electorales en Nicaragua, por la “escasa transparencia y neutralidad” con que fueron administradas por los magistrados de facto del CSE.
Aun así, el diputado Castro, jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), insistió este jueves 20 de marzo en que “no ve por qué no se debería de reelegir” Roberto Rivas, e incluso, dijo que los señalamientos contra este eran opiniones de los periodistas que le preguntaban.
DICTAMEN DE 2010 RECHAZÓ A RIVAS Y COMPAÑÍA
Castro tampoco recuerda que existe un dictamen de mayoría que no considera a Rivas como idóneo para el cargo de magistrado electoral.
Este dictamen fue elaborado en abril de 2010 por una comisión especial de la Asamblea Nacional, donde se registró que los actuales magistrados de facto “no deben de ser considerados para estos cargos, por no haber cumplido en el ejercicio de sus funciones, las disposiciones establecidas en la Constitución Política y la Ley Electoral (Ley 331).
En el dictamen detallan que en las elecciones municipales de 2008, estos magistrados fueron seriamente cuestionados por los partidos políticos, por los ciudadanos, por la Iglesia católica, evangélica y por la comunidad donante “por haber realizado y permitido que se realizaran graves anomalías” en el proceso electoral de los comicios municipales.
Este dictamen fue firmado por cinco diputados de los ocho que conformaban la comisión especial. Los tres que no firmaron eran los sandinistas Edwin Castro, José Figueroa y el aliado Guillermo Osorno, quienes elaboraron un dictamen de minoría señalando que no existía prohibición, impedimento o inhabilidades de ninguno de los candidatos para ocupar los cargos en el CSE, en alusión a los actuales magistrados.
Por otra parte, a raíz de las elecciones presidenciales de 2012, el abogado Lulio Marenco fue quien encabezó la introducción de una veintena de recursos ante la Fiscalía, contra los magistrados del CSE, por irregularidades en las elecciones presidenciales, como la falta de publicación del total de los resultados.
ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL NO LO QUIEREN
Este mismo jueves, organismos de la sociedad civil se mostraron apáticos ante los próximos nombramientos de funcionarios, pues consideran una falta de seriedad que un personaje como Roberto Rivas, cuestionado de cuatro fraudes electorales y de ser un funcionario parcializado con el gobernante FSLN, sea un candidato “idóneo” para la bancada oficialista.
Carlos Noguera, del Movimiento Liberal Constitucionalista “Ramiro Sacasa”, sostuvo que toda la población, incluyendo la Iglesia, el Cosep y otros sectores, abogan por un cambio en el CSE, además de renovar la estructura total, pero ven que no será así por las declaraciones dadas por el jefe de la bancada del FSLN.
Agregó que es necesario una reforma a la Ley Electoral, tomando en cuenta las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).
Azahálea Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia, calificó de “falta de seriedad” el nombramiento de los cargos en el Estado, pues si queda ratificado Rivas, no cuenta con las cualidades que debe tener un funcionario público.
Solís advirtió que como se ve que quedará conformado el Estado y más aún el CSE —con la posible reelección de Rivas— se producirá una abstención en las elecciones presidenciales de 2016 y por lo tanto, “no augura nada bueno para los próximos años”.
Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua (MpN), indicó que esperan que la Bancada de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) no vea esto como un acto prebendario de “un dame que te doy”.
MONTEALEGRE: “RECUPERAR ESPACIOS”
El coordinador político del Partido Liberal Independiente (PLI), diputado Eduardo Montealegre Rivas, expresó que este partido “recuperará espacios” que fueron concedidos por Arnoldo Alemán al FSLN durante el pacto del 2009.
“Nuestra posición siempre ha sido que se debe renovar a todo el Consejo Supremo Electoral, además de hacer cambios profundos en el sistema para que se le de confianza al votante nicaragüense”, dijo Montealegre, quien agregó que la realidad es que el FSLN cuenta con 63 votos para poner y quitar a quienes ellos quieran.
(Colaboración de Gloria Picón).
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