Elízabeth Romero
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Como “grave” califica la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, el hecho de que el informe anual 2013 sobre derechos humanos del Departamento de Estado, de Estados Unidos, señale una vez más la corrupción generalizada existente en Nicaragua. Y sobre todo, que esa corrupción involucre a instituciones encargadas de impartir justicia en el país, como es el poder judicial.
El informe señala que aunque la ley establece que el poder judicial es independiente, en la práctica no funciona de esa forma.
Refleja el informe que una vez nombrados muchos jueces son sometidos a presiones políticas y económicas, que comprometen su independencia. Asimismo, se menciona que desde septiembre del año pasado, los cargos de todos los magistrados activos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), habían expirado constitucionalmente.
Además, señala el Departamento de Estado que las Organizaciones no gubernamentales han denunciado de forma constante la demora de la justicia causada por la falta de acción judicial y la impunidad generalizada. Apuntó que esto ocurre especialmente en relación con los casos de familia y la violencia doméstica y el abuso sexual.
CRÍTICAS A LA CGR
Núñez destacó por su parte “la inoperancia” de la Contraloría General de la República (CGR), —aunque el informe del Departamento de Estado no lo menciona— “que brilla por su ausencia en las investigaciones de la corrupción”.
“Lo grave es que hay funcionarios de todos los niveles que se sabe, cometen actos de corrupción y el Gobierno los está encubriendo”, apuntó la presidenta del Cenidh.
Recordó la defensora de derechos humanos que en los últimos días ha trascendido a través de los medios de comunicación las destituciones de varios funcionarios, mientras el Gobierno “no dice claramente que fue por actos de corrupción. Si no es así, les están violando a estas personas la presunción de inocencia”.
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