Elizabeth Romero
Al finalizar el año 2013 no hubo avances sobre las circunstancias en que murió Yairon Díaz Pastrana, en octubre de ese mismo año en Pantasma, municipio de Jinotega, en el norte de Nicaragua.
“También hay otra gente que dice que esta es la mejor Policía de toda la región”, expresó el funcionario policial, tras señalar que Nicaragua “es un diamante” en la región centroamericana.
Maynard expresó que respetan los diversos criterios, pero los hechos “hablan por sí solos”.
Sobre los señalamientos de corrupción evitó hacer comentarios, y alegó que Nicaragua tiene la mejor seguridad en la región, con la menor tasa de homicidio que representa disminuir entre 70 y 100 homicidios al año.
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Tampoco se investigó la violencia y robo a los jóvenes del movimiento OcupaINSS que en junio acompañaron a los ancianos que peleaban una pensión mínima de jubilación.
Los dos casos destacan en el informe anual sobre derechos humanos de Nicaragua, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
INFORME COMPLETO
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, considera que el informe es bastante completo y a su criterio hay un retroceso muy grande en el acceso a la justicia, lo que da como resultado la impunidad.
Señaló que en 2013, la Policía se caracterizó por ser la institución que jamás dio curso a las investigaciones sobre protestas sociales y reclamos contra el Gobierno.
En el caso de OcupaINSS fue un hecho sin precedente: “Yo nunca había visto que una Policía se robara siete vehículos de la forma más descarada. No hizo ninguna investigación y están prácticamente promoviendo la impunidad y son cómplices de un delito común y vulgar”.
CORRUPCIÓN EN GOBIERNO
Núñez piensa que el informe aborda a profundidad el tema de la corrupción en diferentes instancias gubernamentales, sobre todo con el manejo de la cooperación proveniente de Venezuela al margen del Presupuesto de la República que el presidente inconstitucional Daniel Ortega usa a discreción.
La sección 2 del informe señala que aunque la Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, el Gobierno utilizó los medios administrativos, judiciales y financieros para limitar el ejercicio de estos derechos.
El Gobierno trató de restringir la libertad de prensa mediante el acoso, la censura, aplicación arbitraria de las leyes de difamación, el uso de las justificaciones de seguridad nacional y la revisión selectiva de la situación migratoria de los periodistas y corresponsales extranjeros, dice el informe.
“Nosotros consideramos que no hay acceso a la información pública”, dijo Núñez.
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