Cataluña y la nación española

En el Diario LA PRENSA se publicó el pasado 19 de febrero un artículo de opinión que firma el señor Joaquín Roy, de la Universidad de Miami, con una interpretación sobre la situación de crisis política que vive la Comunidad Autónoma de Cataluña, que considero conveniente aclarar en beneficio de la mejor comprensión de sus lectores.

Como el señor Roy acertadamente reconoce, Cataluña respaldó muy mayoritariamente la transición democrática de España y la Constitución aprobada en 1978 (con un 87.8 por ciento de los votos a nivel nacional y un 90.5 por ciento en Cataluña), que estableció un marco de convivencia basado en grandes consensos y renuncias recíprocas y que ha dado a mi país el periodo pacífico y próspero más largo de su historia de más de 500 años.

Esa misma Constitución, de todos los españoles y, desde luego, de todos los catalanes, ha permitido la construcción del Estado de las Autonomías, con un régimen de autogobierno amplísimo, mayor incluso que el de algunos modelos federales. Son muy numerosas las competencias transferidas a los gobiernos autonómicos y en el caso de Cataluña el catálogo abarca desde el derecho civil histórico, educación, universidades, sanidad, Policía, política económica, un sistema bilingüe, por citar solo algunas, y la gestión de una parte importante de los impuestos, para cuyo efecto la Generalitat de Cataluña cuenta con un presupuesto propio de más de 32,000 millones de euros.

Durante más de treinta años Cataluña ha disfrutado de un régimen de autogobierno como no lo había tenido probablemente nunca antes, pues cuando la España moderna nació de la unión por los reyes católicos de Castilla y Aragón, Cataluña era solo un condado de este reino.

En el normal y sano debate político que caracteriza una democracia asentada y más en el caso de un Estado con una organización territorial compleja, algunas comunidades autónomas han planteado al Estado central mayores reivindicaciones en materia competencial o de financiación. En el caso de Cataluña se ha cedido por sucesivos acuerdos un porcentaje creciente de los impuestos estatales, que se suman a los tributos propios autonómicos y a las transferencias y asignaciones con cargo al Presupuesto General del Estado. El Estado central también ha inyectado liquidez en circunstancias de crisis (91,000 millones de euros entre 2012 y 2013 a todas las comunidades autónomas, casi 30,000 millones solamente a Cataluña), sin perjuicio de que las comunidades autónomas que generan mayor riqueza contribuyan solidariamente al equilibrio territorial de España. Entre todos hemos sabido construir una España democrática, solidaria y plural, basada en la rica diversidad cultural que caracteriza la identidad de la nación más antigua de Europa. Hoy la identidad catalana, como también la vasca o gallega, por solo citar algunas, es perfectamente compatible con la española y una realidad no debe excluir a la otra.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2006 ha sido el primer caso de una ley referida a la organización territorial del Estado no consensuada y la propuesta del Parlamento de Cataluña fue modificada en las Cortes Generales con una oposición superior al cuarenta por ciento y finalmente aprobada en Cataluña mayoritariamente por referendo —como prevé en estos casos la Constitución—, pero con una participación que apenas rozó el cincuenta por ciento. Como señala el señor Roy, el entonces principal partido de la oposición, haciendo uso de su derecho, recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, que es en España el intérprete último de la Constitución. Aunque hubiese sido preferible que las diferencias se hubieran resuelto en el ámbito político, el órgano jurisdiccional sentenció que la inmensa mayoría de los 114 artículos cuestionados son constitucionales, expulsó del ordenamiento jurídico 14 preceptos —en general por invadir competencias estatales exclusivas— y reivindicó la interpretación conforme al texto constitucional de otros diez preceptos. No es cierto, como afirma el señor Roy, que la sentencia del Tribunal Constitucional se “cebara” con el concepto de nación, pues solamente podía darle el significado de nacionalidad, ya que nuestra Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (Artículo 2).

La Constitución española define una nación española, que integra nacionalidades y regiones diversas sin que ninguna de estas puede considerarse a sí misma nación, de forma unilateral, pues esa sería una facultad de todo el pueblo español en el que reside la soberanía para, en su caso, reformar la Constitución, de acuerdo con los procedimientos previstos.

Coincido plenamente con el señor Roy en lamentar la situación crispada actual, “más allá del prudente autonomismo en el terreno económico y sobre todo en el político”, pero en una sociedad democrática todos debemos respetar las reglas de convivencia y de juego que nos hemos dado por amplísimas mayorías o cambiarlas, pero entre todos.

El 20 de febrero el Congreso de los diputados “rechaza tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalitat de Cataluña” por una mayoría abrumadora del 86 por ciento de los representantes de la soberanía nacional e “insta al Gobierno a seguir utilizando el ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad”. Esta ha sido la reacción que ha unido a partidos de todo el arco político y que debería hacer reconsiderar al presidente de la Generalitat. Su planteamiento secesionista irresponsable se sitúa fuera de la Constitución y de la Ley y tampoco tiene encaje en la Unión Europea, puesto que no está prevista la secesión de un Estado miembro y su primera consecuencia sería, en todo caso, como han afirmado las autoridades de la Unión, la exclusión del que es nuestro marco de convivencia supranacional y con el que todos nos identificamos.

Es de esperar que impere la sensatez y que se vuelva al diálogo en el marco de la Constitución, para seguir construyendo juntos, sobre la base del respeto mutuo y de la descentralización pactada, mientras continuamos el proceso de integración europea que acoge ya a 28 Estados, pues el signo de los tiempos de la globalización es precisamente la unión y no la desintegración que empobrece a todos. El autor es embajador de España en Nicaragua

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