En la legislatura pasada la Comisión de Probidad no dictaminó ni una sola ley y tampoco citó a un solo funcionario, puesto que debe ser aprobado por mayoría. LA PRENSA/ ARCHIVO

Código de Ética “atascado”

Un Código de Ética para los funcionarios públicos de Nicaragua cada vez más parece una utopía, pues el dictamen que estaba “engavetado” en la primera Secretaría de la Asamblea Nacional desde el 2010, fue declarado caduco y del trabajo que realizó la comisión de la legislación anterior ni se habla.

Gloria Picón Duarte

[doap_box title=»Comisión no cumple funciones» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Una de las funciones de la Comisión de Probidad en la Asamblea Nacional es citar a los funcionarios públicos para que respondan por determinados casos, pero esta función no se cumple desde que el Frente Sandinista tiene mayoría en el plenario y por ende en las comisiones. A mediados del 2011, cuando la exdiputada Miriam Argüello fue presidenta de la comisión, citó a varios funcionarios, pero el Frente Sandinista boicoteó algunas de las reuniones.

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Un Código de Ética para los funcionarios públicos de Nicaragua cada vez más parece una utopía, pues el dictamen que estaba “engavetado” en la primera Secretaría de la Asamblea Nacional desde el 2010, fue declarado caduco y del trabajo que realizó la comisión de la legislación anterior ni se habla.

Adolfo Martínez Cole, actual presidente de la Comisión de Probidad y miembro de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), manifestó que en la comisión van a trabajar una nueva iniciativa de ley, porque el dictamen que había desde el 2010 lo habían mandado a caducidad.

Sin embargo, en la legislatura pasada (2012-2014), el diputado Pablo Ortez había dicho que tenían casi listo un nuevo dictamen, pero este nunca se firmó.

Martínez Cole solo hace referencia al dictamen del 2010, que fue elaborado bajo la presidencia de la exdiputada Miriam Argüello y señala que si el resto de los diputados (nueve sandinistas y tres del Bapli) respaldan la iniciativa, tomarán los mejores elementos de dicho dictamen.

Martínez Cole señala que lo que se pretende con el Código de Ética es dejar regulados varios aspectos que no toca la Ley de Probidad, respecto al comportamiento de los funcionarios públicos y sobretodo de los que manejan recursos. “Lo que interesa es que haya transparencia en la función pública, la forma cómo se contratan los bienes del Estado”, dijo el parlamentario.

Según Martínez Cole, hay espíritu de trabajo en la comisión para realizar la nueva iniciativa de ley, por lo que espera no se paralice el trabajo por cuestiones políticas. “Esperemos que no sea echar en saco roto el esfuerzo”, dijo.

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