El matrimonio tiene el objetivo de la procreación de hijos y el auxilio mutuo entre la pareja, la formación de una familia y un reconocimiento social; no puede obviarse que también en esta unión puedan existir vínculos económicos que nacen antes, durante y posterior al matrimonio.
Hace mucho tiempo correspondía al varón la propiedad y la administración de los bienes familiares incluso los aportados por la mujer. Era una verdadera anulación de la mujer. Luego nace un nuevo tipo de personalidad denominado “sociedad conyugal”, en los bienes obtenidos por ambos cónyuges antes, y los adquiridos durante el vínculo matrimonial son comunes, y en caso de disolución del matrimonio la división es la mitad del acervo social (este sistema rigió en Nicaragua por algún tiempo hasta 1904). Otro sistema que se aplica es el de las “gananciales” o comunidad relativa, donde es común todo lo que se adquiera durante el matrimonio sin importar si uno aporta más o menos, conservando cada uno de los contrayentes lo que tenga antes del matrimonio o adquiera por herencia, legado o donación; también existe un sistema de completa separación de bienes, donde cada contrayente tiene completa disposición en la adquisición y disposición de los bienes.
Algunos jueces en Nicaragua consideran que nuestro sistema es de sociedad conyugal y en caso de disolución deben dividirse los bienes por igual. Todo ello porque en la Ley de Disolución del Matrimonio por voluntad de una de las partes, se refiere a la distribución de los bienes comunes, y en caso de no ponerse de acuerdo en la distribución de los bienes comunes, los cónyuges, el juez tendrá en cuenta la existencia de hijos comunes, a quien corresponderá la guarda y custodia de los menores, el aporte y esfuerzo de cada uno para la adquisición de los bienes comunes, tomando en cuenta además del salario, el trabajo doméstico y la existencia de un solo inmueble que se ha utilizado como vivienda familiar.
En dicha Ley se mezcla lo que es pensión alimentaria con los bienes de los cónyuges, lo cual es un error dado que lo que es bien común lo establece claramente la misma ley aclarando que es bien común: a) Los adquiridos por ambos cónyuges antes o durante el matrimonio (bienes que estén a nombre de los dos); b) los bienes muebles de uso familia adquiridos antes o durante la vida conyugal c) los bienes otorgados bajo el régimen familiar o institución similar d) el bien inmueble en que habite la familia, para el uso y habitación de los menores si los hubieren mientras cumplen la mayoría de edad, sin importar que el inmueble sea propiedad de uno de los contrayentes. Y lo más grave es que además de distribuir los bienes como si fuese una sociedad conyugal, por aparte imponen la pensión alimentaria, que definitivamente tiene que ver con el peculio (o capacidad económica de los cónyuges). Al leer la Ley relacionada da la impresión de que todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, sin importar a nombre de quién sea el dominio, son comunes y por ello en caso de disolución matrimonial deben dividirse por igual o por lo menos aplicar el sistema ganancial o comunidad relativa.
En síntesis, nuestro sistema conyugal en lo que se refiere a los bienes es sui generis, por una parte existe plena disposición de cada cónyuge de los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio a su nombre, por otro lado existen bienes que son comunes por mandato de la ley, taxativamente enumerados y una disposición que garantiza la vivienda de los hijos menores sin importar quién sea el propietario del bien inmueble. Lo relativo a las pensiones alimentarias debidas a los hijos y al excónyuge es otro tema. El autor es abogado.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
