Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), manifestó que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de asegurar todos los medicamentos que vengan a proporcionar una mejor calidad de vida a las personas con VIH en el país.
“Hay responsabilidad de Estado y más aún cuando el recurso que se utiliza para la compra de los medicamentos es facilitado con las donaciones que realiza Fondo Mundial. Es reprochable desde cualquier punto de vista cuando se tienen los recursos necesarios y no se realiza la compra”, dijo Solano.
Según el jurista, las asociaciones de personas con VIH deben retomar la solicitud de medidas cautelares, es decir, medidas de protección que presentaron en 1998 un grupo de personas con VIH ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a fin de que este organismo internacional las dictara al gobierno de Nicaragua.
También, recordó el caso de Odir Miranda, un paciente con VIH, que junto a 26 personas más denunciaron ante la CIDH al Estado de El Salvador porque no les suministraba los medicamentos necesarios para impedirles la muerte. Al final el resultado fue favorable para las víctimas.
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