Anagilmara Vílchez
“Prohibido botar basura”, dice el rótulo debajo del cual, habitualmente, se acumulan desperdicios sólidos en una esquina de la colonia Máximo Jerez.
En este cartel amarillo, la Alcaldía de Managua amenaza con aplicar multas de 500 hasta 5,000 córdobas para aquellos que cometan este delito. Algo que la población decide ignorar, ya sea por la mala costumbre o debido a la ausencia de fiscales ambientales que supervisen la zona.
Según el concejal capitalino Omar Lola, para que la Ordenanza de Daños y Multas Ambientales en el municipio de Managua no sea solo un esqueleto jurídico se necesitan al menos 150 fiscales ambientales que regulen el cumplimiento de la misma. Actualmente, según Lola, por distrito hay solamente cuatro o cinco personas que aplican las multas cuando por “casualidad” encuentran a alguien violando lo estipulado en la ordenanza.
A casi un año de su aprobación por el Concejo Municipal, Lola asegura desconocer cuánto se ha recaudado en multas. “Lo que sí hemos tenido son centenares de recursos de apelación por las mismas”, dice.
Mientras tanto, Manuel Torres, habitante de la colonia Máximo Jerez, deberá seguir con el “candado en la garganta” que le deja el mal olor de la basura acumulada. Él y su vecino Jonathan Pérez saben que “nadie respeta ese rótulo. Lo tienen como basurero. A veces hasta animales muertos vienen a tirar ahí”, afirman.
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