Leonor Álvarez
Jóvenes de diferentes partidos políticos exigen que se derogue el decreto 39-2013 que reformó cuatro artículos del reglamento de la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), al tiempo que demandan una reforma integral y además, cuestionan que aún se siga pagando los estragos de una guerra que terminó hace 24 años. En todo caso, el INSS es para quienes cotizan.
También, entre las exigencias establecen que las autoridades del INSS deberían ser elegidas con ternas presentadas ante la Asamblea Nacional.
Por último, el pronunciamiento de los jóvenes exige “que se deje de estar decretando a voluntad del ejecutivo y de sus asesores más carga al pueblo de Nicaragua”.
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La reforma al INSS, de acuerdo con los jóvenes, obliga a los cotizantes a trabajar más años si quieren obtener la pensión que hubiesen recibido previo a la reforma, impulsada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos sandinistas.
William Marín, miembro de la juventud del Partido Conservador (PC), manifestó en conferencia de prensa que con los cambios que se hicieron se tiene que trabajar 40 años ininterrumpidamente, lo que considera “imposible” en Nicaragua, porque “se vive con zozobra en los puestos de trabajo” y los niveles de vida de un país pobre no lo permiten.
“Esclavos” del sistema
Por su parte, José María Ortega, miembro del Partido Acción Ciudadana (PAC), expresó que el Gobierno, al que llama “régimen ilegítimo e ilegal”, “lo que quiere tener son esclavos” con la aplicación de ese decreto.
“Sabemos que un joven ahorita, recién egresado de la universidad, puede tener 23 años, pero no fácilmente consigue trabajo. Ese joven tendría que comenzar a los 25 años a trabajar ininterrumpidamente 40 años para llegar a la pensión digna que requiere para vivir en su vejez”, aseveró Ortega reforzando la crítica de Marín.
Por su parte, Wendy Puerto, presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), recordó que el año pasado hicieron una propuesta para solucionar los problemas que presenta el INSS, que implicaba reducir los gastos administrativos; controlar los contratos con las empresas médicas previsionales y que solo se pague consulta por los asegurados y pensionados que son atendidos en estas clínicas.
24 años sin guerra y se sigue pagando a víctimas
Por otra parte, el decreto al reglamento del INSS eleva los techos máximos cotizables, incrementa el aporte patronal y reactiva el cobro del 0.25 por ciento laboral para financiar las pensiones a las víctimas de guerra.
Sobre esta última deducción, Puerto manifestó que Nicaragua desde hace 24 años no vive en guerra, así que se pregunta por qué se sigue pagando ese aporte. En ese sentido considera que se debe hacer una auditoría a quienes perciben ese beneficio.
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