Lucía Navas
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) se sumó al gremio exportador y empresarial de la región contra el impuesto de 18 dólares que el Gobierno de El Salvador impuso al transporte de carga regional por el servicio de escáner en sus aduanas.
APEN considera que dicho cobro en fronteras salvadoreñas “es perjudicial para la competitividad regional”.
En el mismo tono de protesta se pronunció la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadoras de Centroamérica (Fecaexca), que aglutina a más de 5,000 exportadores de la región. Mediante un comunicado solicitó al Gobierno de El Salvador “tomar las medidas necesarias para acabar con los atascamientos en las fronteras y la paralización del comercio intrarregional que ha generado la puesta en funcionamiento del Sistema de Inspección no intrusiva” o de escáner.
Casi una semana ha permanecido bloqueada las fronteras de El Salvador con Guatemala y Honduras por el gremio de transporte de carga para que se suspenda el cobro de los 18 dólares. Esto impide el paso de las mercancías al resto de países.
DAÑA EL COMERCIO
Azucena Castillo, gerente general de APEN, lamentó que la logística de transportes en Centroamérica afecte gravemente los costos. “Si cada país está imponiendo en su territorio cobros, ya sea por inspección, el comercio centroamericano saldrá más caro que exportar por la vía marítima o aérea relativamente, afectando al sector de transporte terrestre al hacer la comparación tiempo y costo para llegar al destino con la mercancía según el número de países que pasás”, dijo.
APEN y Fecaexca se sumaron a la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica en demandar al Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) actuar a la brevedad ante esta situación.
Fecaexca respaldó a los gobiernos del istmo en crear sistemas en sus aduanas para combatir el contrabando, pero consideró que nuevos impuestos al transporte “contraviene” los tratados comerciales y el proceso de integración de la Unión Aduanera.
Para Castillo, las aduanas tienen que ser “eficientes y efectivas para controlar el tránsito por sus fronteras” y no convertirse bajo el argumento de la modernización de los sistemas en un obstáculo al comercio.
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