Danilo Martínez
Es del dominio público la sórdida y perjudicial costumbre en nuestro necesitado país, de trabajar menos, devengar jugosos salarios y pasar el mayor tiempo del calendario en fiestas y francachelas. Este antivalor, heredado de tiempos pretéritos ha promovido la holgazanería y el parasitismo estatal, inundando ahora todos los niveles y estructuras del Estado nicaragüense.
Nuestro poder judicial, llamado por la Constitución a impartir justicia en nombre del pueblo, tampoco escapa a esta pandemia, y cada día se destaca más por trabajar menos, reducir horarios, y aumentar sus supernumerarios contratados esquivando las normas pertinentes, y con altos salarios. Como producto de estos desaciertos administrativos, la Corte Suprema de Justicia ha reducido la jornada laboral de su personal, cerrando los juzgados a la una de la tarde.
Estas medidas perjudican enormemente a los usuarios y litigantes, violentan nuestro derecho positivo, pues contraviene lo ordenado en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su “Artículo 92. Horas de Despacho. El Despacho Judicial en Juzgados y Tribunales es de ocho horas diarias, de lunes a viernes…” y donde además se establece que “durante el horario que se fije, los magistrados y jueces atenderán obligatoriamente a los abogados y litigantes en el horario reglamentario…”
Esta absurda decisión no tiene lógica, ni pies ni cabeza, pues en vez de aumentar su productividad y eficiencia el poder judicial, aislado de la realidad social, reduce su jornada de trabajo. Perjudica a todos los trabajadores del poder judicial, quienes deben realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo, y se les arrebata algunas de sus reivindicaciones alcanzadas en años de lucha sindical, derechos que se encuentran protegidos por el Código del Trabajo y por la ley de derechos adquiridos.
Esta medida perjudica también a los abogados litigantes, que nos encontramos luchando día a día por el sustento para nuestras familias, ya que la reducción de la jornada se traduce en más de lo mismo, más retardación de justicia, cansancio de las partes procesales, y al final reclamo para el profesional del derecho, ya que los clientes lo traducen como ineficiencia del abogado. Esto no puede continuar así.
Es necesario que el pueblo de Nicaragua, y en especial los usuarios del sistema judicial, levantemos firmemente nuestras voces para pedirle al poder judicial, en nombre de la legalidad, de la justicia y de la ética laboral, que normalice sus horarios de trabajo y que mejore sustancialmente su eficacia en la tutela judicial. Esto no es cuestión de partido político alguno.
Esto es cuestión de ética jurídica y profesional, porque quienes son depositarios de la administración de justicia, son los más injustos con los usuarios, con los abogados litigantes, a quienes tratan como adversarios y no como colaboradores del sistema judicial.
Esto es cuestión también de ética laboral, pues el poder judicial, debería de dar el ejemplo a nuestra sociedad, de disciplina laboral, de culto al trabajo como medio para sacar adelante este empobrecido país, que tanto necesita estabilidad jurídica, seguridad jurídica, orden y tranquilidad pública, objetivos que solo se pueden alcanzar con un sistema judicial eficiente, trabajador, abnegado e inspirado en los más álgidos principios y valores universales, dentro de los cuales se encuentran la honestidad y el trabajo.
Espero que el poder judicial corrija, por el bien de Nicaragua, lo más pronto esta medida errónea, y restablezca el horario normal de los juzgados.
El autor es Presidente de la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua (ADANIC).
