Lucía Navas
El cambio de la fórmula hace que las pensiones futuras bajen hasta un diez por ciento de lo que el cotizante recibiría si se hubiese jubilado con el anterior sistema.
Pero Aguerri insistió en que la nueva medida para calcular la cuantía mensual de la pensión no afecta al 70 por ciento de los cotizantes porque estos ganan menos de dos salarios mínimos; es decir, menos de los 7,000 córdobas actualmente.
Barbosa y Aguerri argumentaron que los verdaderos afectados —9,500 funcionarios públicos y personal de las empresas que ganan lo equivalente a 1,500 dólares— son quienes pagarán más al INSS al subir el techo máximo cotizable.
Pero las cuentas del Cosep y del FNT son desmentidas por las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BNC) sobre el número de afiliados al INSS y los salarios promedios que se devengan en las diferentes actividades laborales.
El BCN indica que hasta octubre de 2013 eran 667,667 los asegurados activos al INSS; es decir, los trabajadores que cotizan por tener empleos formales. El salario promedio es de 7,804 córdobas de este grupo de empleados.
Ya en el detalle por las diferentes actividad económicas, son los trabajadores de la agricultura y de la industria manufacturera quienes devengan salarios de 4,692.8 córdobas promedio y 6,215.8 córdobas promedio mensual, respectivamente, y por tanto serían estos los que no se ven afectados por el cambio de la fórmula de la pensión. Estos dos grupos representan el 30.2 por ciento del total de los afiliados activos al INSS, por lo cual el 69.8 por ciento de cotizantes restantes, al ganar salario promedio superior a los 7,500 córdobas, recibirán una menor pensión al momento de jubilarse debido a la reforma.
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Públicamente, los representantes del sector privado y los líderes sindicales sandinistas sostienen que el mayor peso de la reforma administrativa al Sistema de Seguridad Social recae sobre el empresariado al aumentarse el porcentaje de la cuota patronal, pero el texto de la reforma y los números oficiales demuestran que los grandes perdedores son los trabajadores.
La reforma al reglamento de la Ley de Seguridad Social reestableció la cuota de cotización del 0.25 por ciento a los trabajadores activos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para financiar la Rama de las Víctimas de Guerra. De esta forma, el porcentaje de la cuota laboral pasó del 4 al 4.25 por ciento por la afiliación al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales (RP), que es de donde se financia la atención médica y las pensiones para los excombatientes.
Ese 0.25 por ciento de la cuota laboral del régimen de IVM-RP fue derogado por la Asamblea Nacional en febrero del 2013 al aprobar la Ley 830, Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional.
COSEP Y SINDICATOS DEL FNT “SE LAVAN LAS MANOS”
Ayer, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) deslindó responsabilidad sobre esta medida contra el trabajador, asegurando que si bien negoció la reforma con el Gobierno y los sindicatos agrupados en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), al final lo alcanzado fue “un consenso parcial”.
“El tema del 0.25 por ciento que mencionás, nosotros no conocemos ese tema, por eso dije (que) no es parte de lo que nosotros discutimos. Recordemos que el Gobierno tuvo su propia negociación con los trabajadores (sindicatos) (en una mesa separada), y esa ya es una disposición del Gobierno y los trabajadores”, respondió José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
Igual desconocimiento dice tener Luis Barbosa, uno de los líderes sindicales del FNT. “Creo que tenemos que verlo. En realidad no lo habíamos tomado eso en cuenta, Debo esperar la primera deducción en enero y ver si me quitan 4.25 de mi salario”, dijo.
¿No vieron esto al negociar?, preguntó LA PRENSA.
“No. Quiero decirte que a lo mejor se nos fue por alto, no todo es perfecto, pero vamos a chequear”, respondió Barbosa.
ES ILEGAL, DICE EXPERTO
Manuel Ruiz, experto en temas de Seguridad Social, sostiene que hay una violación de las leyes tanto del consejo directivo del INSS al incluirla de nuevo en la reforma administrativa el 0.25 en la cuota laboral para cubrir a las víctimas de guerra, y del presidente inconstitucional Daniel Ortega, por publicarlo y ponerlo en vigencia.
Al haber una contradicción con la Ley 830, para Ruiz “es posible recurrir de amparo o utilizar otros recursos legales contra esta medida porque un decreto no puede estar por encima de una ley”.
La Ley 830 establece en el artículo 32 que el financiamiento para las prestaciones económicas de los excombatientes con discapacidad a consecuencia de la guerra, que da el INSS, se cubra con 1.50 por ciento de la tasa de cotización del empleador.
Hasta el 2012, el INSS reportó pensionados en la Rama de Víctimas de Guerra a más de 31,000 personas.
Asegura Ruiz que cobrar de nuevo el 0.25 por ciento en la cuota laboral afecta “al diez por ciento de los afiliados que están en el régimen parcial” de IVM-RP, que conforme a las estadísticas actuales del INSS son unos 67,766 cotizantes.
Sin embargo, la reforma al reglamento de la Ley de Seguridad Social no indica diferenciación alguna entre grupos de los cotizantes.
Un aspecto en que insistirá el Cosep es que se establezca una fecha tope para que al INSS se le incorporen más personas que son víctimas de guerra para recibir pensión, argumentando que debe aliviarse el peso financiero.
Pero si algo queda claro es que igual que los empleadores son afectados al incrementarles en tres puntos porcentuales su cotización al INSS entre el 2014 y 2017, también hay un detrimento para la clase trabajadora.
COSEP DICE ASUMIR PESO
En una defensa férrea, Aguerri insistió que el mayor peso económico recae sobre el empleador al pagar más en la cuota patronal y por elevarse el techo máximo cotizable a 54,954 córdobas en 2014 a 72,410 córdobas en 2015 y a partir de 2016 ajustarse conforme la variación anual del salario promedio de los asegurados.
Aguerri estima que las empresas formales del Cosep asumen el 75 por ciento de los costos al incrementar en un punto porcentual la parte de cuota que corresponde a la pensión por IVM, y el Estado asume el 25 por ciento restante como empleador.
Barbosa dijo que ese aumento de la cuota patronal no hace daño porque es deducible del Impuesto sobre la Renta (IR). Se calcula que por año son 450 millones de córdobas los que inyectará al INSS esta medida. Aguerri refutó a Barbosa al asegurar que las empresas asumen dos terceras partes del monto porque no son deducibles del IR “y se convierte en un costo adicional y falta de flujo que no tenían las empresas”.
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