Elízabeth Romero
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) anunció que mañana dispondrá de funcionarios que observarán que a los ciudadanos que protesten no se les violenten sus derechos humanos.
Ciudadanos Unidos fue una de las organizaciones que convocó a una concentración para esta fecha para rechazar las reformas constitucionales.
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Representantes de organizaciones de derechos humanos estiman que las múltiples imposiciones del gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, no solo provocarán más protestas sociales, sino que será causa de zozobra en el país en 2014.
Entre las imposiciones mencionadas que motivarían protestas señalan: las reformas constitucionales y los cambios al reglamento de la seguridad social, que entre otras cosas reduce las pensiones a los próximos trabajadores jubilados.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, consideró que al cerrarse los espacios, la población “se ve obligada a protestar”. Núñez dijo además que hay una serie de reclamos que quedaron pendientes desde el año pasado, que en su mayoría están vinculados a reivindicaciones sociales; uno de ellos es el de los pobladores de comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Tumarín.
A su criterio, las reformas constitucionales le permitirán a Ortega perpetuarse en el poder, consolidar el autoritarismo y aumentar la represión, lo que significará también en violación sistemática de derechos humanos y destrucción de mecanismos democráticos de reclamos.
Denis Darce, funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, considera que las marchas masivas están condicionadas a una serie de factores, entre ellas las políticas de “clientelismo” —con las que el Gobierno intenta hacer creer que todo está bien—, pero es uno de los mecanismos que tiene la población para protestar.
Sobre todo porque a criterio de Darce, las reformas constitucionales y las efectuadas al reglamento de la seguridad social, representan un retroceso en materia de derechos humanos de los nicaragüenses.
El director de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, Roberto Petray, por su parte considera que las reformas constitucionales traerán zozobra al país y servirán “como arma” a personas que quieren un estallido social.
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